El municipio bonaerense de Colón aplica un coeficiente vinculado al precio del gasoil y del novillo para calcular la tasa vial rural. Productores cuestionan la relación entre esa fórmula y el costo real del mantenimiento de caminos.
La polémica por la tasa vial rural en el municipio de Colón, provincia de Buenos Aires, se centra en el monto que pagan los productores y en la naturaleza jurídica del tributo. La ordenanza local establece que el valor por hectárea se calcula aplicando un coeficiente sobre una base compuesta por medio litro de gasoil y medio kilogramo de novillo. De esta manera, el monto a pagar varía según los precios de esos productos.
Según la normativa, cuando aumenta el precio de la carne, también aumenta la carga para el productor rural, aunque los caminos permanezcan en las mismas condiciones. La relación entre la cotización del novillo y el costo de mantenimiento de los caminos no es directa, ya que los trabajos de reparación requieren combustible, maquinaria, repuestos, alcantarillas, personal y materiales.
Productores del distrito sostienen que el municipio actúa como un socio que no invierte ni asume riesgos climáticos, pero que participa de la renta cuando el sector mejora sus precios. La ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante local, que algunos contribuyentes denominan de manera irónica como “concejo de delirantes”.
Desde el punto de vista jurídico, una tasa se justifica por la existencia de un servicio concreto y mensurable prestado al contribuyente. Cuando el criterio de cálculo depende de variables ajenas al costo del servicio y vinculadas a la capacidad económica del productor, el esquema se asemeja a un impuesto. Los impuestos están sujetos a límites constitucionales más estrictos que las tasas.
La discusión incluye la falta de información pública sobre cuánto se recauda, cuánto se destina a la red vial, cuántos kilómetros se mantienen, cuántas máquinas están operativas y cuál es el costo real por kilómetro intervenido. En un contexto preelectoral, los productores observan que la presión recaudatoria aumenta mientras el estado de la infraestructura rural sigue siendo motivo de reclamos.
La ordenanza puede ser modificada por una nueva norma impulsada por el Ejecutivo local, que cuenta con influencia sobre las mayorías legislativas del Concejo Deliberante.