La Sala I de la Cámara Federal realizará este lunes una audiencia para que los afectados amplíen sus fundamentos sobre su rol de querellantes. El inversor Martín Romeo, en un escrito presentado ante el tribunal, sostuvo que la operación impulsada por el tuit del presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025 constituyó una “estafa monumental”.
La Sala I de la Cámara Federal tiene previsto para este lunes la realización de una audiencia para que los afectados de la causa $LIBRA amplíen sus fundamentos sobre los motivos para continuar siendo querellantes. En un escrito presentado ante el tribunal, al que accedió PERFIL, el inversor Martín Romeo afirmó que la operación que se llevó adelante el 14 de febrero de 2025 con impulso del tuit del presidente Javier Milei se trató de una “estafa monumental”.
A principios de julio, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi excluyó a Romeo y a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero de su condición de querellantes, a pedido del trader Mauricio Novelli. Romeo es representado por el abogado Nicolás Oszust, mientras que el resto cuenta con un equipo liderado por el diputado Juan Grabois. Sin querella, la causa es impulsada únicamente por la fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano, quien aún no solicitó indagatorias.
Según Romeo, la causa $LIBRA tiene 84.000 damnificados, de los cuales 1.300 son argentinos. El “dolo” o la “estafa”, según el inversor, asciende a unos 286 millones de dólares. Esta semana se informó que un grupo de treinta inversores de distintas nacionalidades presentará una demanda civil por daños y perjuicios contra los acusados en la causa penal, entre ellos el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el trader Mauricio Novelli y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.
El año pasado hubo una mediación que no llegó a ningún resultado. La acción civil busca demostrar “interés legítimo”, dado que el juez Martínez de Giorgi indicó que no está claro que fueran víctimas de una estafa.
Argumentos para ser querellantes
En el escrito de apelación a la exclusión de la condición de querellantes, Romeo sostuvo que “exigirle a una víctima de estafa que demuestre el origen de sus fondos para permitirle querellar es una aberración procesal que invierte la carga de la prueba y victimiza doblemente al damnificado”. Añadió: “En lugar de investigar a la asociación ilícita que sustrajo 44.5 millones de dólares, el Juzgado pone bajo la lupa a la víctima, erigiéndose indebidamente en una agencia de recaudación fiscal. Esta exigencia no solo es inédita, improcedente y ajena a la dogmática procesal penal, sino que opera aquí como una barrera artificial y arbitraria diseñada para expulsarnos del expediente”.
“De consolidarse este criterio restrictivo e infundado, se estaría consagrando la impunidad absoluta para los ciberdelitos y fraudes con criptoactivos en la República Argentina –continuó–. Se aniquilaría la garantía constitucional de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imponiendo un estándar probatorio de imposible cumplimiento para la etapa de instrucción, en claro desmedro de los derechos de las víctimas y en exclusivo beneficio de los imputados”.
Romeo apuntó contra Martínez de Giorgi y señaló que el juez “confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado”. Afirmó que la cripto $LIBRA no fue “solo una memecoin con riesgo” ni su desplome dependió de las “condiciones del mercado”.
“El ardid idóneo consistió en la construcción sostenida de una ‘calidad simulada’ y una ‘apariencia de empresa’ a escala estatal. La banda alteró las reglas del mercado mediante el tráfico de influencias, la infiltración de la Comisión Nacional de Valores a través de Sergio Morales, y la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza”, a lo que denominó “lavado de prestigio”.
Romeo dijo que “el colapso de $LIBRA no fue una ‘volatilidad del mercado’ sino un ‘Rug Pull’ (tirón de alfombra) pre-programado”. Precisó que “exactamente 22 segundos antes de que se publicara el tuit presidencial (…), 74 billeteras operadas por bots de los imputados ejecutaron compras masivas utilizando información privilegiada. La extracción posterior de los 44.5 millones de dólares no fue un infortunio regido por ‘la percepción de los participantes’, sino el agotamiento del iter criminis de una estafa monumental”.
La querella dijo que Martínez de Giorgi ignoró “de forma manifiesta el engaño estructural y la asunción dolosa de una calidad simulada que vició la voluntad de los ahorristas” y cuestionó la exigencia, como requisito para habilitar el rol de querellante, de la verificación del “origen de los activos”.
La Sala que debe definir si reincorpora a estos cinco damnificados su condición de querellantes está integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Esta semana está prevista también una audiencia de la comisión de Acuerdos del Senado en la que están citados Pablo Yadarola y Bertuzzi. Ambos concursaron y quedaron primeros en la terna de las vacantes para dicho tribunal: Yadarola reemplazará a Bruglia y Bertuzzi seguirá en su cargo pero ahora por concurso y no por el traslado que había ordenado Germán Garavano cuando fue ministro de Justicia de Mauricio Macri.