Dos ex altos directivos del Grupo Techint admitieron el pago de un millón de dólares a Roberto Baratta, según declararon en el juicio oral. Los testimonios vincularon esos pagos con la situación vivida por el personal argentino durante la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en Venezuela.
En el marco del debate oral y público por la causa conocida como Cuadernos, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) escuchó esta semana las declaraciones de ex directivos y gerentes del Grupo Techint. Los testimonios se centraron en los pagos ilegales realizados a Roberto Baratta y en el contexto de la nacionalización de la planta siderúrgica SIDOR en Venezuela.
El martes, dos ex altos directivos de Techint admitieron el pago de un millón de dólares a Roberto Baratta. Héctor Zabaleta y Luis Betnaza señalaron que los pagos se realizaron en el marco de una situación de urgencia y emergencia humanitaria, con el objetivo de repatriar al personal argentino que se encontraba en la planta de Caracas. Según Zabaleta, el monto total se abonó en seis o siete entregas en efectivo, en el segundo subsuelo del edificio de la compañía, en pesos argentinos, con valores equivalentes a 100 o 120 mil dólares por cada pago.
Este jueves, por pedido de la fiscal Fabiana León, declararon tres testigos que ocuparon cargos directivos y gerenciales en SIDOR durante el proceso de nacionalización ordenado por el entonces presidente Hugo Chávez, que concluyó en agosto de 2008. Los testigos coincidieron en describir el contexto como de “violencia y hostilidad”, que se incrementó durante el último período.
El primer testigo, Hugo Cruz, relató que trabajó en Venezuela desde 1998 hasta marzo de 2006 y que fue testigo de un aumento de la agresividad y xenofobia hacia los argentinos por parte del gobierno de Chávez. Mencionó la quema de una figura de la jefa de recursos humanos dentro de la planta, carteles y pancartas con un grado de agresividad elevado, así como la quema de un colectivo de la compañía.
El segundo testigo, Carlos Rezzonico, trabajó en SIDOR en dos etapas: desde 1998 hasta 2003 y desde enero de 2007 hasta la entrega de la compañía. Calificó al 2008 como el “peor año para la empresa” y describió un clima de mucha hostilidad debido a la decisión del gobierno venezolano de expropiar la empresa.
El tercer testigo, Hugo Solís, director industrial en SIDOR, declaró de forma virtual. Afirmó que al asumir su cargo ya existía un ambiente hostil, con retenciones frecuentes de gerentes y episodios de violencia. Sostuvo que el proceso de nacionalización incrementó esas situaciones y que, tras la entrega de la planta, abandonó Venezuela.
Durante las declaraciones, el Ministerio Público Fiscal, representado por Nicolás Codromaz, exhibió carteles con amenazas de muerte, registros del incendio de un colectivo y correos electrónicos internos de SIDOR que documentaban los hechos.