El oficialismo busca aprobar el proyecto sin modificaciones, pero no cuenta con los votos necesarios. Patricia Bullrich abrió negociaciones con bloques aliados para sumar apoyos, en un contexto de tensiones internas por los cambios propuestos.
Buenos Aires, 30 agosto (NA) – El Gobierno busca aprobar sin modificaciones el proyecto del denominado Súper RIGI, pero La Libertad Avanza no tiene los votos para imponer su propia versión. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, abrió una negociación con los bloques aliados para evitar que la iniciativa vuelva a trabarse en el Senado.
La situación expone una de las principales dificultades parlamentarias del oficialismo: el Gobierno pretende avanzar con una de sus principales apuestas económicas, pero su propia bancada reconoce que no tiene fuerza suficiente para aprobarla sin hacer concesiones.
Bullrich aceptó cambios reclamados por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial.
La negociación dejó además una señal de tensión dentro del propio oficialismo. Mientras Bullrich avanzaba en conversaciones con los bloques aliados, el equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, no fue consultado sobre esas modificaciones y tomó conocimiento de los cambios cuando ya habían trascendido públicamente.
Desde el Gobierno hicieron saber su rechazo a algunas de las reformas negociadas, en particular a la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas —entre ellas los mega centros de datos— cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
“Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes”, reconoció Bullrich ante sus allegados.
La industria nacional, en el centro de la negociación
Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar apunta a precisar el alcance de la obligación de contratar proveedores locales. El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado.
Los bloques aliados reclaman que esa protección quede circunscrita a bienes producidos efectivamente en el país. Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, pidió que el 20% se refiera exclusivamente a bienes producidos en la Argentina. “Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.
La pelea por la energía
El otro punto que genera resistencia está vinculado con los inversores “electrodependientes”. Los bloques provinciales pretenden que los grandes proyectos que requieran enormes cantidades de energía desarrollen su propio sistema de generación para evitar que el aumento de la demanda recaiga sobre las redes existentes.
La preocupación de los gobernadores tiene un fundamento político y económico: los megacentros de datos y la infraestructura digital están entre los sectores estratégicos que busca atraer el Súper RIGI, pero su funcionamiento requiere un consumo energético considerable. Para las provincias, el interrogante es quién deberá financiar y sostener la infraestructura necesaria para abastecer a esas nuevas industrias.
El Gobierno, en cambio, teme que imponer demasiadas condiciones termine restándole atractivo al régimen y desaliente las inversiones que busca captar.
Un proyecto que vuelve a Diputados
Los cambios que finalmente se incorporen obligarán a que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados vuelva a ese cuerpo para su revisión. Por eso, todavía no estaba definido si el próximo miércoles el plenario de las comisiones de Presupuesto, de Economía e Inversión y de Legislación General emitirá el dictamen necesario para intentar llevar el proyecto al recinto el 10 de septiembre.
Qué propone el Súper RIGI
El proyecto establece un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones. Entre sus principales beneficios contempla:
- Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, con amortización acelerada de las inversiones: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.
- Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.
- Deducción de quebrantos sin límite temporal y una reducción progresiva de la carga sobre dividendos: 7%, con una baja al 3,5% después de cuatro años de adhesión.
- Exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.
- Disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones, hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año.
Agencia NA