El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, pidió ampliar la investigación con nuevos requerimientos de información bancaria, telefónica y patrimonial.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, solicitó 29 nuevas medidas de prueba en la causa que investiga a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Así consta en el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Entre los pedidos se incluyen informes sobre cuentas bancarias en Argentina y Uruguay, rastreo de celulares, y datos sobre vehículos, propiedades y seguros. El magistrado, que asumió recientemente en el caso, amplió el período de investigación que había sido acotado entre 2009 y 2023, tras el pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, con el apoyo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano.
Los fiscales consideraron que la limitación temporal «era contradictoria e infundada, ya que el magistrado había validado previamente un rango más amplio para rastrear maniobras delictivas iniciadas en 2006».
En su resolución, Rodríguez Ponte sostuvo que «existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores, como también sus posibles roles dentro de las maniobras complejas que se encuentran bajo pesquisa».
Las defensas de Insaurralde y Clerici habían rechazado la ampliación del período investigado. Además, los abogados del exintendente solicitaron que se anule el cotejo scopométrico de los videos difundidos por considerar que no tenían autenticidad probada.
Medidas solicitadas
El juez pidió al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) información sobre antecedentes documentales y cambios de domicilio de los implicados. A la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) solicitó datos sobre nómina salarial, sueldos, empleadores, beneficios previsionales y asignaciones familiares. También requirió a la Superintendencia de Seguros de la Nación información sobre pólizas contratadas.
En materia patrimonial, el magistrado ordenó verificar si los involucrados tuvieron stud o boxes para caballos en hipódromos, solicitó los legajos de cuatro vehículos y datos sobre un departamento en Lomas de Zamora a nombre de Insaurralde. También pidió información bancaria de entidades argentinas y uruguayas.
Para reconstruir comunicaciones, solicitó registros de llamadas, mensajes de texto, conexiones a internet, ubicación por antenas y contactos desde 2009. El objetivo es identificar con quién se comunicaban, frecuencia y duración, y detectar posibles vínculos o patrones.
Además, el juez levantó las restricciones que pesaban sobre Sofía Clerici, quien tenía prohibido salir del país y alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización. La modelo fue sobreseída, aunque esa decisión está bajo revisión.
En el caso de Cirio, pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) verificar si el escribano que certificó una firma suya en 2023 cumplió con las normas de prevención de lavado de dinero.
Rodríguez Ponte también ordenó citar a declarar a un representante de la Fundación Apolo, que entregó un pendrive con videos y archivos sobre Insaurralde y Cirio. Dispuso una pericia para determinar si los archivos son auténticos, cuándo fueron creados y si fueron modificados o manipulados.