La expresidenta presentó un escrito judicial para que se reliquide su beneficio previsional, se paguen montos desde abril y se anule el descuento del 20% aplicado por el organismo.
La expresidenta Cristina Kirchner, a través de un apoderado, presentó una impugnación judicial contra la liquidación de su pensión de privilegio restituida en agosto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En el escrito, solicita que se ordene la reliquidación del beneficio, el pago de montos retroactivos desde el 24 de abril de este año y la nulidad de la resolución que dispuso un descuento del 20% sobre la prestación para recuperar sumas que el organismo considera percibidas indebidamente.
Según informó LA NACION el 22 de agosto, la Anses pagó una asignación por un valor bruto de $16.090.877,01 en cumplimiento de una medida cautelar dictada en febrero por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo hicieron lugar a la pretensión de la expresidenta de obtener la restitución provisoria de una de las dos asignaciones que cobraba hasta noviembre de 2024, cuando fueron dadas de baja tras confirmarse la condena en la causa Vialidad.
En la nueva presentación, el abogado Facundo Fernández Pastor sostiene que la restitución debió incluir no solo la pensión de agosto, sino también las de meses anteriores, desde el 24 de abril, fecha en que quedó firme la cautelar al desestimarse un recurso extraordinario. Además, reclama que la liquidación se realice conforme a la Acordada N° 20 de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inaplicable un artículo legal que derogaba exenciones del impuesto a las ganancias. La Anses había anticipado que aplicaría descuentos por obra social y Ganancias.
De acuerdo con estimaciones, el aporte a la obra social habría sido de $952.860 y se habría restado un 20% adicional, equivalente a $3.218.175, por la restitución de sumas percibidas indebidamente, con lo que el monto neto se habría aproximado a los $12 millones. El abogado de la expresidenta calificó ese segundo descuento como «una suma de dinero escandalosa».
La retención surge de la resolución 343, firmada por el exdirector ejecutivo de la Anses, Fernando Bearzi. Según el organismo, esa norma dispuso «un recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente». El reclamo judicial menciona que la retención se refiere a los adicionales por zona austral que Cristina Kirchner percibió durante años junto a sus dos prestaciones de privilegio. La resolución no especifica períodos ni conceptos, pero el monto recuperado, con intereses, supera los $660 millones.
En cuanto al plus por zona austral, el apoderado señala que la expresidenta tuvo su domicilio real en Río Gallegos hasta que el Tribunal Oral Federal le impuso prisión domiciliaria en un departamento de San José. La defensa sostiene que, en sus roles de diputada, presidenta, senadora y vicepresidenta, debió trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca dejó de viajar a su casa en Río Gallegos, ni de tener allí su domicilio fiscal, ni de abonar los servicios, hasta su condena por corrupción.
En noviembre de 2024, último mes de pago antes de la baja, las asignaciones sumaron $35.255.297,73 en bruto, con un neto de $21.828.203,92, equivalentes hoy a más de $35,77 millones ajustados por inflación. Eso incluía $6 millones por zona austral (a valor actual, $9,8 millones), un pago por el cual se abrió una causa penal.
El reclamo para que no se aplique el descuento del 20% se basa en dos argumentos: que la resolución que dispone la detracción no fue formalmente notificada a la expresidenta ni a su abogado, y que el porcentaje resulta confiscatorio.
Tras la baja de las prestaciones en noviembre de 2024, Cristina Kirchner inició un juicio para recuperarlas, que aún no tiene sentencia de fondo. La restitución actual corresponde a una medida cautelar. Contra esa cautelar hay dos recursos de queja ante la Corte Suprema, presentados por la Anses y por el fiscal Juan Carlos Paulucci. La cautelar había sido rechazada en primera instancia por la jueza Karina Alonso Candis, pero la cámara revisora la concedió alegando cuestiones alimentarias, sin analizar que la exfuncionaria cumple una condena de seis años de prisión, lo que según un dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, supone la suspensión del cobro de ingresos previsionales según el Código Penal.
El cumplimiento de la cautelar se demoró porque la Anses pidió una caución real, que luego fue reemplazada por una caución juratoria prestada por la expresidenta. En julio, la Justicia intimó al organismo a pagar.
Los dos ingresos (la asignación directa por expresidenta y la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner) surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque no se exigen requisitos de edad ni de aportes. Cristina Kirchner comenzó a percibir ambos beneficios al finalizar su mandato. Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de abonar uno, decisión justificada en incompatibilidades del artículo 5 de esa ley. En marzo de 2021, la entonces directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, repuso la asignación suspendida. El tema del doble beneficio tiene una causa judicial abierta con un recurso de queja ante la Corte pendiente, presentado por la exdiputada Graciela Ocaña.