El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2 de San Martín condenó a 27 integrantes de una organización que operó bajo la fachada religiosa del Templo Filadelfia en San Justo. Las penas van de tres años y nueve meses a 24 años de prisión. También se ordenó el decomiso de bienes y la baja del registro de cultos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2 de San Martín condenó a 27 personas por integrar una organización delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. La organización funcionó bajo la apariencia de una congregación religiosa denominada Templo Filadelfia, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintas provincias y en Paraguay y Brasil.
La sentencia, dada a conocer este martes, impuso penas de entre tres años y nueve meses y 24 años de prisión. La condena más alta recayó sobre Eva Petrona Pereyra, de 81 años, detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, a quien el tribunal consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. También fue condenada como partícipe necesaria de supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.
El tribunal ordenó el decomiso de 46 inmuebles y doce vehículos, la subasta de otros 15 automotores y la baja de la inscripción del Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos, con comunicación a la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Asimismo, fijó reparaciones económicas para 27 víctimas por un total de $2.170.467.831,20, actualizables según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
Según se acreditó en el debate, la organización operó al menos entre 1972 y fines de 2020 mediante un sistema de sometimiento basado en el aislamiento, el control y la explotación. El juicio se inició en enero de 2024 ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli. Durante las audiencias declararon más de 200 testigos. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 18 de noviembre.
Entre otras medidas, el tribunal dispuso inscribir el desplazamiento de la filiación materna respecto de dos víctimas, al determinarse que no eran hijos biológicos de las mujeres que figuraban como sus madres. Ambos conservarán su nombre, apellido y número de documento. También declaró la nulidad de dos matrimonios celebrados entre víctimas —uno en 1987 y otro en 2007— al considerar que los contrayentes fueron forzados. Finalmente, ordenó el decomiso y destrucción de teléfonos celulares, computadoras, notebooks y documentación secuestrada, con las excepciones establecidas en la sentencia y previa consulta al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón.
La fiscalía, representada por el fiscal general Alberto Gentili, había solicitado estas penas en su alegato.