El senador Tim Scott presentó el Birth Tourism Elimination Act para convertir en ley las restricciones de 2020 a las visas B-2 y sancionar a las empresas que organizan viajes para dar a luz en territorio estadounidense.
El proyecto Birth Tourism Elimination Act, presentado por el senador Tim Scott, busca convertir en ley las restricciones al turismo de parto y ampliar los controles sobre quienes utilicen visas temporales, como la B-2, para ingresar a Estados Unidos con ese propósito. La iniciativa también contempla medidas contra las empresas que organizan y comercializan este tipo de viajes.
Qué ocurriría con la visa B-2 para turistas
El proyecto no plantea modificar las reglas de ciudadanía por nacimiento. Su enfoque está puesto en las condiciones de ingreso al país norteamericano y en las actividades comerciales que, según sus impulsores, utilizan los programas migratorios temporales para organizar estos viajes.
“La ciudadanía estadounidense no está a la venta, y los extranjeros no tienen derecho a comprarla para sus hijos”, dijo Scott en un comunicado.
“Tenemos la fortuna de vivir en la mejor nación del mundo, y mi proyecto de ley deja claro que nuestros programas de viajes temporales no pueden ser explotados con el fin de obtener la ciudadanía estadounidense”, señaló.
Uno de los puntos centrales del proyecto de ley establece que una persona podría ser considerada inadmisible si solicita ingresar con una visa B-2 y el propósito principal de su viaje es dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para su hijo.
La iniciativa fija además una presunción cuando el funcionario consular considere que la solicitante podría dar a luz durante su permanencia en el país norteamericano.
Esa presunción podría ser cuestionada por la solicitante si demuestra que existe otro motivo principal y legítimo para su viaje. De esta manera, el proyecto diferencia entre un desplazamiento cuyo objetivo central sea obtener la ciudadanía para el menor y aquellos embarazos o partos que ocurran durante una estadía realizada por otras razones.
Las excepciones que contempla el proyecto
Las restricciones no alcanzarían de la misma manera a quienes se encuentren legalmente en EE.UU. por motivos de empleo, estudios u otras actividades autorizadas y cuyo parto sea una circunstancia incidental de esa permanencia.
También se contemplan excepciones cuando el padre o la madre biológica del menor sea ciudadano estadounidense, residente permanente legal, refugiado o asilado.
El texto legal también extiende las limitaciones a personas que pretendan utilizar el Visa Waiver Program o ESTA para ingresar a EE.UU. con el propósito principal de realizar turismo de nacimiento.
El permiso de permanencia temporal por razones humanitarias tampoco podría utilizarse para ese objetivo.
En materia de controles, los funcionarios consulares y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podrían negar la entrada cuando exista una sospecha razonable.
El proyecto contempla además derivaciones a inspección secundaria y la posibilidad de aplicar procedimientos de deportación expedita.
Hasta 15 años de prisión para quienes faciliten el turismo de parto
Una de las partes de la iniciativa está dirigida a las empresas y personas que obtengan beneficios económicos mediante la organización de estos viajes.
El proyecto propone sanciones penales de hasta 15 años de prisión para quienes, con conocimiento, faciliten, patrocinen, organicen, anuncien o lucren con el turismo de parto.
El planteo surge después de investigaciones federales sobre redes comerciales que ofrecían paquetes a ciudadanos extranjeros.
Entre los casos mencionados por el senador Scott figura una empresa que, según los antecedentes incluidos en su propuesta, atendió a más de 500 clientas chinas, operó con 20 departamentos en California y ofreció servicios por entre US$40.000 y US$80.000.
La iniciativa también llega después de las medidas anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio el 23 de septiembre contra las redes comerciales dedicadas a esta actividad.
La política impulsada busca alcanzar a operadores, propietarios y administradores de estas organizaciones, así como a quienes ayuden a falsear información durante los trámites migratorios.
Según Rubio, también se contempla a determinados proveedores médicos extranjeros que colaboren conscientemente con estos esquemas y situaciones relacionadas con el uso fraudulento de fondos públicos, como Medicaid.
Además, las personas vinculadas familiarmente con responsables de estas redes podrían quedar alcanzadas por las restricciones de visa.