El gobierno francés movilizó un dispositivo policial y militar excepcional para el sábado, con prohibiciones de manifestar y recursos judiciales en curso. Se esperan entre 400.000 y 500.000 manifestantes.
El gobierno de Francia desplegará alrededor de 70.000 efectivos policiales y militares este sábado para contener las protestas convocadas en todo el país, según anunció el ministro delegado Jean-Didier Berger. La cifra representa un 20% más que los efectivos movilizados el pasado 17 de octubre, cuando unas 550.000 personas manifestaron, de las cuales 110.000 lo hicieron en París, según el ministerio del Interior.
El primer ministro Sébastien Lecornu informó que la jornada del 17 de octubre derivó en 1200 detenciones y disturbios que incluyeron saqueos y enfrentamientos. El presidente Emmanuel Macron expresó su «indignación y su vergüenza» por lo que «los franceses le hicieron a su país».
Para este sábado, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el uso de militares de la operación Sentinelle para misiones de vigilancia estática, con el fin de liberar a policías y gendarmes. Se movilizarán unidades de elite como el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN), la Brigada de Búsqueda e Intervención (BRI) y el grupo de la policía Búsqueda, Asistencia, Intervención y Disuasión (RAID), junto con helicópteros, vehículos blindados Centaure y lanzas de agua.
Las autoridades también endurecieron el marco jurídico. Macron anunció el jueves que las manifestaciones no sindicales estarían prohibidas «en todos los lugares donde sea posible», proponiendo rutas alternativas a los sindicatos para proteger los centros de las ciudades. En París, la prefectura de policía autorizó el recorrido Porte d’Italie-Porte de Vincennes a la central sindical CGT, con salida a las 14, pero prohibió por decreto la marcha Bastille-Opéra solicitada por los chalecos amarillos. Asimismo, se prohibieron tres concentraciones declaradas cerca del Palacio del Elíseo. La prefectura de Lyon prohibió todas las manifestaciones, mientras que Marsella y Le Havre tomaron medidas similares para las marchas, ya sean totales o limitadas al centro de la ciudad. En la capital, 24 estaciones de metro cerrarán a partir de las 9, y se aplicará un toque de queda nocturno en los barrios de la República y de Les Halles hasta el lunes por la mañana.
La Asociación para la Defensa de las Libertades Constitucionales y el Sindicato de la Magistratura recurrieron al Consejo de Estado mediante un recurso de urgencia, considerando que ningún texto autoriza al jefe del Estado a dictar una doctrina general de prohibición que modifique el régimen legal de las manifestaciones. El alto tribunal dispone de 48 horas para dictaminar. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, calificó la medida como un «giro preocupante» y sostuvo que los sindicatos no pueden tener el monopolio de las manifestaciones. La central sindical pidió a sus afiliados que desfilen de forma pacífica.
La Coordinación de los Chalecos Amarillos, que inicialmente se había negado a seguir la ruta oficial, anunció finalmente que se uniría a la marcha de la CGT, con una cita en la plaza de Bastilla a partir del mediodía. Su coordinador, Benjamin Ball, prometió una jornada de movilización general. Los estudiantes de secundaria también convocaron a manifestar, mientras Macron recibió a sus representantes este viernes y les prometió una modificación de la plataforma Parcoursup, que atribuye las vacantes universitarias, una de las principales reivindicaciones de los jóvenes.
Según las estimaciones de la inteligencia territorial, se esperan entre 400.000 y 500.000 manifestantes en las calles de Francia, de los cuales entre 60.000 y 120.000 estarían en París. En el mapa de los chalecos amarillos se contabilizaban unos 340 puntos de acción, frente a los aproximadamente 1500 anunciados antes del 17 de octubre. La CGT hizo un llamamiento a sus 600.000 afiliados para que se unan a las concentraciones.
En la ciudad de Orléans se realizará el congreso de La Reunión Nacional (RN), y unos 30.000 manifestantes anti-extrema derecha anunciaron su presencia.
Este viernes se produjo un atentado racista en la ciudad de Trappes, al sudoeste de París, donde un individuo baleó selectivamente a personas de color y a otras presuntamente pertenecientes a la comunidad musulmana, dando muerte a una de ellas e hiriendo de gravedad a otras cinco, entre ellas una niña de 12 años. Macron viajó a Trappes, donde condenó el episodio, calificándolo de «atentado racista» y de «punto de inflexión para nuestra República».
Las violencias del día 17 provocaron un enfrentamiento entre el gobierno y los dirigentes del partido La Francia Insumisa (LFI). El primer ministro acusó a esa formación de cometer «una vulneración muy grave del Estado de derecho» y calificó de «inversión peligrosa y cínica de las responsabilidades» el hecho de que su líder, Jean-Luc Mélenchon, señalara como responsables de los desmanes a los jefes de la policía. Mélenchon, que desfiló el día 17, sostiene que quienes comparten su lucha no tienen nada que ver con los saqueos, y critica una respuesta centrada en la seguridad. La Asamblea Nacional puso en marcha una comisión de investigación sobre la violencia y el mantenimiento del orden público.
Alrededor de 3000 comercios resultaron dañados o fueron saqueados el 17 de octubre en todo el país. El gobierno anunció préstamos sin intereses y la posibilidad de aplazar los pagos. El prefecto de policía de París, Patrice Faure, recomendó a los comerciantes reforzar su seguridad, adaptar sus horarios, recurrir a agentes de seguridad privada y comprobar las alarmas y la videovigilancia. La alcaldía solicitó retirar cubos de basura, bicicletas, terrazas y mobiliario desde el mediodía del sábado, y movilizó a más de 1000 agentes de limpieza.
Varias tiendas Apple de París permanecerán cerradas, al igual que el museo del Louvre, el museo de Orsay, el museo Picasso y el Grand Palais. Art Basel Paris cerrará sus puertas el sábado y el domingo, y se canceló un mercado nocturno japonés previsto cerca del Arco del Triunfo.
El calendario de protestas ya está fijado: se prevé otro «acto» para el 31 de octubre, una jornada de acción estudiantil el 3 de noviembre y una huelga intersindical el día 5.