El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados al concluir que los elementos reunidos no acreditaban los delitos denunciados. El fallo analizó el teléfono de Mauricio Novelli, cajas de seguridad y billeteras cripto.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La resolución, del 23 de octubre, concluyó que las pruebas reunidas durante la investigación no alcanzaban para demostrar los delitos denunciados.
El teléfono de Novelli y la nota sobre un supuesto acuerdo
El análisis forense de los dispositivos de Mauricio Novelli halló una nota con la frase en inglés «this is the final agreement as discussed with H.» («este es el acuerdo final, como se habló con H.»). La denuncia sostuvo que podía existir un acuerdo económico entre el creador del token, Hayden Davis, y personas con acceso al Presidente.
El juez sostuvo que el peritaje no demostró que la nota hubiera sido enviada a terceros ni que el supuesto acuerdo hubiese sido formulado, recibido y aceptado. En el fallo afirmó: «No demuestra por sí misma la existencia de un acuerdo perfeccionado ni permite establecer sus términos definitivos, sus partes, su objeto o la eventual inclusión de una contraprestación por el ejercicio indebido de influencia».
El expediente también contenía una oferta de Kelsier Group fechada el 21 de noviembre de 2024, dirigida a Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. El documento mencionaba posibles actividades vinculadas con el Gobierno argentino, tecnología blockchain, Web3 e inteligencia artificial, además de referencias a Javier y Karina Milei. Para el juez, la existencia de ese papel no acreditaba por sí sola un acuerdo ilícito ni que se hubiera pactado un pago para conseguir reuniones o favores oficiales. La falta de firmas y de elementos que demostraran su aceptación fue central en la valoración judicial.
Cajas de seguridad: movimientos registrados y allanamientos sin dinero
La investigación detectó movimientos de ingreso y egreso en cajas de seguridad bancarias a nombre de Novelli, así como registros y filmaciones de operaciones realizadas por sus familiares María Alicia Rafaele y María Pía Novelli en fechas cercanas al lanzamiento del criptoactivo.
Cuando se realizaron los allanamientos en una sucursal del Banco Galicia, las cajas estaban vacías. El fallo tomó nota de los registros, pero no consideró que la existencia de movimientos bancarios, sin otros elementos que permitieran determinar qué se guardó, cuándo y con qué finalidad, demostrara que allí se habían depositado fondos destinados a funcionarios o colaboradores del Gobierno.
Billeteras cripto y los u$s100 millones denunciados
Según la denuncia, después de que Milei promocionara $LIBRA en su cuenta de X, el precio del token pasó de unos u$s0,01 a acercarse a los u$s5, antes de desplomarse. Los denunciantes atribuyeron la caída a operaciones de venta realizadas por integrantes del equipo creador y otros actores que habrían contado con información privilegiada. La presentación sostuvo que unas pocas billeteras habrían retirado alrededor de u$s100 millones, mientras miles de inversores sufrían pérdidas.
Durante la investigación intervinieron la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y áreas de la Policía Federal, que analizaron operaciones y direcciones de criptoactivos. También se pidió el congelamiento de 44.593.888,562 USDC identificados en una dirección de la red Solana que había recibido fondos provenientes de billeteras etiquetadas como «LIBRA: TEAM WALLET».
El juez concluyó que la prueba reunida no permitía acreditar que el dinero proveniente de las operaciones con $LIBRA hubiera sido transferido como pago indebido a integrantes del Gobierno.
El tuit de Milei y la estafa
La resolución analizó la publicación que el Presidente realizó el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X para promocionar el proyecto. El magistrado reconoció que la intervención presidencial le dio al token una visibilidad particular y que pudo influir en la confianza de algunos compradores, pero distinguió entre promocionar una iniciativa y engañar deliberadamente a los inversores.
Según el fallo, debía identificarse qué aspecto del proyecto, de sus condiciones o de su funcionamiento había sido presentado falsamente, o qué información relevante se había ocultado mediante una conducta penalmente reprochable. Sostuvo que no bastaba con demostrar que muchas personas compraron después de la publicación y que luego perdieron dinero.
El juez también tomó como antecedente un pronunciamiento de la Cámara Federal del 4 de septiembre de 2026, que había advertido que la hipótesis inicial de un plan organizado desde las más altas esferas del Gobierno se había debilitado frente a las exigencias del delito de estafa. En ese sentido, el fallo advirtió que «la notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión pública del lanzamiento o la confianza que su intervención pueda suscitar no equivalen, por sí solas, a un ardid defraudatorio».
Informes de la DATIP y cadena de custodia
El fallo se refirió a los informes de la DATIP, la dependencia de la Procuración que analizó la información extraída de los dispositivos electrónicos secuestrados. El juez advirtió que se habían detectado irregularidades en la elaboración de esos informes, que fueron objeto de un sumario administrativo de la Procuración General de la Nación.
Según la resolución, en ese sumario se tuvo por probado que una empleada de la DATIP había accedido indebidamente a documentación reservada de la causa y que parte de ese contenido había trascendido a la prensa días después. El magistrado sostuvo que esa situación afectó los controles sobre el trabajo realizado y resintió el valor probatorio de los informes. El juez no declaró falsa toda la información recuperada de los teléfonos, pero consideró que esos elementos, valorados junto con el resto de las pruebas, no permitían corroborar la hipótesis delictiva contra Karina Milei.
La denuncia de Nadia Beller
La resolución también trató la denuncia impulsada por la diputada Mónica Frade a partir de versiones periodísticas sobre conversaciones entre Nadia Beller y su expareja, Fernando Cerimedo, que involucraban presuntos hechos de corrupción en el Gobierno. Para evaluar ese planteo, se consultó a la fiscalía que había recibido declaración testimonial a Beller en septiembre, con intervención de autoridades de Bolivia.
La respuesta fue que la testigo, baleada en Bolivia, no había realizado manifestaciones sobre el lanzamiento o la caída de la cotización de $LIBRA ni se había referido expresamente a otros hechos que pudieran estar vinculados con esa causa. Por eso, el juez consideró que esa denuncia tampoco aportaba elementos suficientes para sostener la hipótesis de un intercambio ilícito relacionado con el criptoactivo.
Cómo sigue el caso
Después del pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano, el juez resolvió que los hechos analizados no encuadraban en una figura penal y sobreseyó a los once investigados. Sin querellantes, ya que los damnificados fueron apartados de ese rol, y con el fiscal que propició la desestimación del caso, no hay posibilidad de apelación. Solo queda la remota chance de que la Cámara Federal de Casación reponga a los damnificados en su rol como querellantes antes de que se venza el plazo para apelar. Si Casación no resuelve pronto o si confirma que los damnificados no pueden ser querellantes, el caso queda definitivamente cerrado.