La medida del intendente Maximiliano Wesner para frenar el abigeato generó rechazo entre productores y vecinos, que reclamaban mayor presencia policial y vigilancia.
El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (Unión por la Patria), dispuso el bloqueo con montículos de tierra de un acceso utilizado para llegar a campos afectados por una serie de hechos de abigeato. La medida fue cuestionada por productores y vecinos, quienes sostienen que no resuelve el problema y limita la circulación en la zona.
Según relataron productores, en las últimas semanas se registraron más de 40 denuncias por robo y faena clandestina de animales, además de cortes en más de 1100 metros de alambrados y cercos eléctricos, y cámaras de seguridad baleadas. Los ataques, indicaron, ocurren incluso a plena luz del día y los responsables se desplazan armados.
Uno de los productores afectados, Francisco Franco, sufrió dos ataques en un mes con pérdidas estimadas en hasta $40 millones y decenas de animales muertos. El episodio más reciente ocurrió a mediados de octubre, cuando faenaron tres vaquillonas preñadas y un ternero. El 15 de septiembre, según su relato, le robaron 10 terneros y dejaron uno muerto; la noche siguiente mataron otros 19 animales, de los cuales solo se llevaron seis y dejaron los restantes tirados en el establecimiento.
Ante esta situación, los productores mantuvieron reuniones con autoridades municipales y presentaron documentación para respaldar sus denuncias. La decisión de cerrar el acceso con tierra generó rechazo entre los afectados, que esperaban medidas de prevención y vigilancia.
“Es una burla para los productores”, afirmó a LA NACION Alberto Mancusi, productor agropecuario de Olavarría. Según relató, los montículos aparecieron “entre gallos y medianoche”, sin que los vecinos fueran informados previamente de que se iba a interrumpir el paso.
Mancusi cuestionó también la postura del jefe comunal frente a la cantidad de hechos denunciados. Sostuvo que Wesner había puesto en duda el número de denuncias presentadas por los productores y explicó que días atrás un grupo llevó al municipio documentación sobre los casos de abigeato y los cortes de alambrados para dejar constancia formal de lo ocurrido. “Son más de 40 denuncias que se suman a aquellos hechos que los productores no van a la comisaría porque creen que es una pérdida de tiempo”, señaló. Para el productor, el número de presentaciones no refleja necesariamente la totalidad de los ataques, porque algunos damnificados no realizan una denuncia formal.
La modalidad delictiva que describen los productores incluye el baleo de animales durante el día y el regreso nocturno para buscar los vacunos muertos. También denunciaron la circulación de personas armadas y el ataque a tiros contra una cámara de seguridad.
En ese contexto, los productores consideran que la respuesta municipal quedó lejos de sus expectativas. En lugar de bloquear el camino, reclamaban una mayor presencia policial durante la noche, además de iluminación y cámaras de vigilancia que permitieran controlar los movimientos en los accesos a los campos.
“Uno de los productores le dijo al intendente que era ridículo lo que pretendía hacer, pero el intendente igual mandó a tirar tierra en ese acceso”, relató Mancusi. A su juicio, el cierre no solo resulta ineficaz frente a los ataques, sino que también genera dificultades para quienes necesitan transitar por el lugar.
El camino bloqueado tiene alrededor de 1000 metros y conduce hacia establecimientos rurales de la zona. Mancusi sostuvo que la medida obstaculiza el paso de vehículos de emergencia, entre ellos los de bomberos y la policía, y cuestionó que se haya restringido la circulación como respuesta a un problema de seguridad. Además, afirmó que la medida tuvo escaso efecto práctico: algunos vehículos ya habían pasado por encima de los montículos de tierra.
El malestar excedió a los productores directamente afectados. A través de una carta de lectores, Mancusi invitó a los vecinos a acercarse a los establecimientos para observar los daños. Durante el fin de semana, varias personas fueron hasta la zona y pudieron conocer de primera mano las consecuencias de los ataques. “Todos los vecinos del pueblo reaccionaron en contra del intendente”, aseguró.
A los ataques contra los animales se suman los daños en la infraestructura de los campos. En un relevamiento realizado durante el fin de semana, los productores contabilizaron más de 1100 metros de alambrado de siete hilos cortados. También advirtieron que los hechos no se limitan a los establecimientos más cercanos a la ciudad: productores de la zona conocida como La Araña, ubicada a mayor distancia, denunciaron episodios similares.
Los productores dicen sentirse desprotegidos y temen que la falta de respuestas permita que los ataques continúen. La muerte de animales preñados, el robo de terneros y la destrucción de alambrados afectan la actividad y obligan a destinar recursos a reparar daños y reforzar la vigilancia.
“Nos faltan el respeto. La medida es una tomada de pelo”, dijo Mancusi, al cuestionar tanto los ataques como la respuesta oficial. El productor insistió en que las más de 40 denuncias y los más de 110 animales muertos y faenados muestran la dimensión del problema que atraviesa la zona rural de Olavarría.
La Sociedad Rural de Olavarría manifestó su preocupación por los graves hechos de abigeato registrados en las últimas semanas y advirtió que, además de las pérdidas materiales, generan “indignación, impotencia y una profunda sensación de desprotección” entre los productores. Cuestionó la colocación de montículos de tierra en caminos aledaños para dificultar la circulación de los delincuentes y reclamó medidas efectivas de prevención y seguridad: “Los productores necesitan respuestas, no soluciones improvisadas”.
LA NACION consultó al municipio de Olavarría sobre la medida adoptada y los reclamos de los productores, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.