Martín Romeo, inversor y apoderado de dos querellantes, solicitó la nulidad del dictamen de Eduardo Taiano y del sobreseimiento de Javier Milei y otros once investigados. Argumentó que no se le permitió opinar sobre el dictamen y que la investigación no se completó.
El inversor Martín Romeo presentó un pedido de nulidad absoluta del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió al sobreseimiento del presidente Javier Milei y de otras once personas en la causa por el lanzamiento y colapso de $LIBRA. Romeo actuó por sí mismo y como apoderado de Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich, a quienes identificó como pretensos querellantes.
Según el planteo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no otorgó a Romeo la oportunidad de fijar su parecer sobre el dictamen fiscal, pese al derecho que le reconoce la ley. Romeo sostuvo que el Ministerio Público Fiscal actuó como abogado defensor de los sospechosos en lugar de investigarlos.
La presentación se dirige contra la resolución del viernes en la que Martínez de Giorgi sobreseyó a Milei tras concluir que los hechos denunciados no encuadran en una figura legal. La misma decisión benefició a Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Romeo argumentó que el Código Procesal Penal Federal le reconoce como víctima de un presunto delito el derecho a pedir la revisión del sobreseimiento solicitado por un fiscal, aun cuando no se haya constituido como querellante o su rol esté bajo revisión. Sostuvo que al querellante cuya exclusión no está firme no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal.
En consecuencia, reclamó que la Cámara Federal declare la nulidad absoluta del dictamen y, como consecuencia, la del sobreseimiento. De manera subsidiaria, pidió que se revoque la decisión y se ordene continuar con la investigación.
La disputa sobre la condición de querellante de Romeo se remonta a una resolución de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien lo había reconocido como tal. En julio, Martínez de Giorgi aceptó una excepción planteada por la defensa de Novelli y lo apartó de ese rol. La Cámara Federal confirmó esa decisión y declaró inadmisible su recurso de casación. Romeo acudió en queja ante la Casación Penal, donde el planteo sigue pendiente. Sobre esa base, sostiene que su exclusión no está firme y que conserva facultades frente al pedido fiscal de sobreseimiento.
Además del pedido de nulidad, Romeo cuestionó los sobreseimientos y afirmó que la investigación no se completó. Señaló que ninguno de los imputados fue citado a indagatoria y que tampoco se citó a los testigos que había solicitado, entre ellos Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra.
Romeo también objetó que quedaran inconclusos los estudios de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas. Según su presentación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) carecía de herramientas técnicas bajo licencia. Agregó que no se convocó al exjefe de asesores Demian Reidel ni a Santiago Caputo, ni se identificó a los titulares de las 74 billeteras que compraron el token 22 segundos antes de que Milei publicara el contrato.
El inversor también cuestionó que el juez restara valor a los informes forenses de los teléfonos secuestrados por presuntas irregularidades en su elaboración, cuando, según Romeo, no se acreditó que esa conducta hubiera provocado una filtración a la prensa, como planteó en marzo pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Taiano rechazó en aquel momento.
Romeo reprochó que el fiscal Taiano interpretara cada indicio a favor de los imputados y de manera aislada, en lugar de valorarlos en conjunto. Entre los elementos que, a su juicio, debieron examinarse de manera integral, mencionó:
- La ráfaga de llamadas entre Novelli y Milei del 14 de febrero de 2025.
- La anotación “Pago Javier kari” hallada en el teléfono de Novelli.
- La nota sobre el “acuerdo final” discutido con “H.”, que preveía pagos atados al apoyo presidencial.
- Los USD 507.400 que una billetera vinculada a Kelsier habría transferido a Mellino el mismo día en que Davis estuvo en la Casa Rosada.
- Los movimientos de las cajas de seguridad de Novelli que Romeo describe como un vaciamiento, el primer día hábil posterior al colapso.
- La orden “Pero borra” que Novelli le envió a Terrones Godoy.
Romeo concluyó que el dictamen fiscal no es la conclusión objetiva de una investigación agotada, sino un alegato de descargo. Sostuvo que, al aceptar ese planteo, el juez ejerció un control meramente aparente sobre la investigación. Además, dejó planteada la cuestión federal para llegar, eventualmente, a la Corte Suprema.