La Libertad Avanza obtuvo dictámenes para los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La fecha prevista es el jueves 12 de noviembre, con posibilidad de trasladarse al miércoles 18.
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo dictámenes de comisión para los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, según informó la agencia NA. La sesión en la Cámara de Diputados se realizaría antes de la prevista para la votación del Presupuesto 2027.
La fecha inicialmente marcada por LLA es el jueves 12 de noviembre, con flexibilidad para trasladarse al miércoles 18 de noviembre si la sesión por el Presupuesto se posterga al miércoles 25. La primera fecha coincide con una semana con feriados: el lunes 9 es feriado nacional, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la visita del Papa León XIV.
Proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
El proyecto aborda la cuestión Malvinas y contiene disposiciones para reorganizar el aparato de defensa y de inteligencia. Su principio rector es ampliar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante una «amenaza externa».
El peronismo y la izquierda sostienen que la iniciativa es un «caballo de Troya» que concentra poder en el Poder Ejecutivo para adoptar medidas de excepción. El oficialismo tuvo dificultades para cerrar el acuerdo con fuerzas aliadas y, según NA, cedió a la presión de Estados Unidos: el subsecretario del Tesoro de ese país transmitió al presidente Javier Milei la preocupación de la administración de Donald Trump sobre el impacto del régimen sancionatorio en intereses económicos norteamericanos.
El texto mantiene sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización de recursos en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores, pero excluye a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión con intervención indirecta. Las multas se redujeron de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo a entre 2 mil y 40 mil.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del directorio del Banco Central con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.
El proyecto crea un órgano de coordinación de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. Entre sus funciones se incluye la protección de infraestructuras críticas y la adopción de medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en «operaciones no convencionales» son puntos que se mantienen en la reforma. Para la oposición, estos elementos desdibujan la separación de funciones entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
El oficialismo concedió, a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID), la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en un plazo máximo de 48 horas.
Se modificó el artículo 111, que fija penas por «campañas de injerencia extranjera», «campañas de desinformación masiva», revelación de secretos de Estado y sabotaje al orden público. El cambio se produjo tras cuestionamientos de entidades periodísticas como FOPEA, que señalaron que la norma otorgaba discrecionalidad al Ejecutivo. El oficialismo precisó la definición de «campañas de injerencia extranjera» y excluyó expresamente actividades diplomáticas, opiniones de un Estado extranjero, actividad periodística, investigación académica y gestión regulada de intereses.
La reforma otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones si hay «motivos razonables para sospechar». La oposición sostiene que los conceptos de «terrorismo» y «amenaza externa» tienen definiciones laxas que permiten discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Reforma del Banco Central
El oficialismo no logró dictamen en comisiones con la redacción original, que exigía una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover directores del Banco Central. El Senado reemplazó ese mecanismo por una mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta. Diputados aceptó los cambios del Senado, que le quitan voz y voto en la designación y remoción de funcionarios.
El proyecto busca consolidar como principio rector la «emisión cero» y elimina la multiplicidad de propósitos de la ley 26.739 de 2012 para pasar a un mandato único: la preservación del valor de la moneda, con prohibición de financiamiento al Tesoro.
Según el texto, «volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos».
La iniciativa prohíbe adelantos transitorios al Tesoro, préstamos a provincias, uso de letras intransferibles, conversión de utilidades en ganancias reales y compra de títulos públicos en el mercado primario. También remueve las funciones de orientación del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.
El Gobierno sostiene que busca blindar la entidad ante eventuales cambios de signo político y evitar que una gestión futura «vuelva a prender la maquinita» y genere inflación.