Un informe de la consultora MAP Latam estima que el contrabando y la subfacturación representan al menos 0,4% del PBI y equivalen a la pérdida de 11.300 puestos de trabajo registrados. El fenómeno creció pese a la caída del consumo y se ve favorecido por la apertura importadora y la falta de controles.
El contrabando en Argentina creció a pesar de la caída del consumo y en 2026 significará que el Estado dejará de recaudar al menos USD 2.855 millones, junto con la subfacturación de productos. Así lo indica un informe de la consultora MAP Latam, que validó la metodología y las cifras sobre 15 sectores que representan apenas el 2,6% del producto, por lo que la pérdida total sería mayor.
El impacto equivale como mínimo al 0,4% del PBI y, en términos de empleo, a la pérdida de 11.300 puestos formales en los siete sectores donde fue posible proyectar la variable laboral. Esa cifra representa un 22% de la plantilla actual de esas actividades, que en 2025 ocupaban a 51.500 personas, y casi un punto porcentual (0,92%) del empleo industrial formal del país.
Del total no recaudado, USD 2.283 millones corresponden a contrabando puro y USD 572 millones a maniobras de subfacturación. La cifra equivale al 120% de lo que recauda ARCA (ex AFIP) por Impuestos Internos, al 160% del total de Bienes Personales, al 55% de los ingresos por Retenciones a las Exportaciones o al 25% del Impuesto al Cheque.
Juan Pablo Ronderos, director de MAP, afirmó: «El primer mensaje clave es que el contrabando es un tema estructural y cultural que se consolidó en Argentina y empeoró». Según el informe, Argentina ocupa el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT.
Durante 2024, el Gobierno eliminó el control documental y físico obligatorio (canal rojo) para productos sensibles como textiles, calzado y aquellos con medidas antidumping, y suprimió los valores criterio de importación, herramienta preventiva que frenaba la subfacturación antes de que la mercadería saliera a plaza. Ahora el control de valor es posterior y selectivo.
Ronderos explicó: «Esto pasa porque, si bien defendemos la apertura de la economía, tenemos un déficit de infraestructura enorme: no funcionan los escáneres, faltan controles físicos en las fronteras, hay menos financiamiento y falta de foco de las autoridades en este tema, alejándonos de los estándares de Estados Unidos o Europa».
En sectores específicos, la penetración ilícita es crítica: el 83% del mercado de perfumería árabe se explica por contrabando; en telefonía celular el comercio ilegal absorbe el 40% de la oferta; en textiles e indumentaria el 30% de las importaciones ingresan subfacturadas, generando un rojo tributario de USD 470 millones. En bienes para el hogar, la subfacturación afecta al 25% de los televisores, al 22% de los pequeños electrodomésticos y al 30% de la marroquinería de importación. Un 15% de los agroquímicos y fitosanitarios circulantes provienen del contrabando, con una pérdida de USD 205 millones.
El informe también señala que el contrabando se mantuvo o creció en mercados retraídos. «En el sector de neumáticos, el tamaño del mercado legal se derrumbó y los precios se relativizan, pero el contrabando se mantuvo o incluso creció. Es decir, en un mercado más chico, el peso del contrabando es mucho más alto», detalló Ronderos. El 11% del mercado de neumáticos proviene actualmente del contrabando.
Respecto de los canales de comercialización, Ronderos advirtió: «La forma de vender cambió. Antes el contrabando lo veías en La Salada, pero hoy contactás a un proveedor en China y te mandan un bolsón de ropa a la puerta de tu casa. Se vende por Facebook, Instagram y plataformas de e-commerce. Por eso es una excelente noticia el acuerdo que firmó la Secretaría de Industria y Comercio (con Pablo Lavigne) junto a Mercado Libre, Meta y otras plataformas para intervenir directamente en esto. Es un cambio de actitud muy fuerte del Gobierno».