El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió una medida cautelar para frenar la resolución 585/2026 que aprobó nuevos valores tarifarios. La Cámpora respaldó el reclamo, mientras el gobierno provincial defendió la medida y apeló el fallo judicial.
La política tarifaria bonaerense generó diferencias entre el gobierno de Axel Kicillof y el sector que conduce Máximo Kirchner. La decisión de avanzar con aumentos en las tarifas eléctricas abrió un contrapunto con La Cámpora, que respaldó el reclamo del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en la Justicia.
El conflicto gira en torno de la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó nuevos cuadros tarifarios según la categoría de consumo y la distribuidora. La actualización se tradujo en aumentos del 1,5% al 3,5% en las facturas finales.
La medida incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa que remunera los costos propios de las empresas del servicio: gastos operativos, mantenimiento, salarios e inversiones. El recálculo técnico aplicado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires contempla también modificaciones en otros componentes, como el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria.
“Depende de los consumos por usuario, pero pagar la factura en invierno y en verano representa más del 20% del ingreso familiar en los sectores medios”, señalaron a LA NACION en la Defensoría bonaerense. Agregaron que “el problema es mayor para los ‘hogares electrointensivos’, que dependen exclusivamente de la electricidad para servicios básicos”; y mencionaron casos extremos en hogares medios, con $600.000 a $800.000 mensuales.
La decisión involucra a las cuatro compañías que prestan el servicio fuera del área de concesión de Edenor y Edesur: EDEN (norte y centro bonaerense), EDES (sur), EDELAP (La Plata y alrededores) y EDEA (costa atlántica y centro de la provincia). Todas pertenecen al Grupo DESA, del empresario Rogelio Pagano.
La medida cautelar presentada por Lorenzino advierte que los retoques tarifarios del gobierno bonaerense se hicieron sin convocar audiencias públicas. “Desde 2021 se aplican incrementos sin participación adecuada de los usuarios”, explicaron en el equipo de Lorenzino. Subrayaron que la falta de audiencias públicas trasciende a la actual gestión bonaerense.
Otra objeción apunta a “una pérdida de eficacia” de la Tarifa Social Provincial (TSP), en la cual “las bonificaciones destinadas a los sectores vulnerables no acompañaron la evolución de los distintos componentes tarifarios y fueron perdiendo capacidad real de cobertura”.
Esos reclamos fueron admitidos en septiembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola. La resolución suspendió las actualizaciones tarifarias y ordenó a las empresas devolver los importes cobrados por los aumentos. También extendió la medida a las cooperativas eléctricas bajo jurisdicción provincial y municipal, que son alrededor de 200 fuera del AMBA, en el Interior provincial.
El gobierno bonaerense apeló el fallo a finales de octubre, junto con las distribuidoras. Argumentaron que en el procedimiento técnico de base ya se había cumplido con la instancia de participación ciudadana requerida. Y adelantaron que la suspensión de los aumentos podía comprometer la sostenibilidad financiera del servicio y el capital de trabajo de las compañías.
Finalmente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, integrada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucin, dio lugar a la apelación provincial.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la postura de la Provincia y afirmó que “se limitó a explicar técnicamente por qué no correspondía convocar a nuevas audiencias públicas”, dado que ya se habían realizado bajo el régimen vigente, establecido antes de la llegada de Kicillof.
En la Defensoría del Pueblo bonaerense, especificaron que “la cautelar no fue revocada, pero actualmente no se está ejecutando mientras la Cámara analiza las apelaciones” de la provincia y las distribuidoras.
La discusión judicial tuvo una derivación política. El camporista Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y dirigente de la mesa chica de Máximo Kirchner, respaldó el reclamo de la Defensoría del Pueblo y salió en rechazo de la disposición provincial. En esa línea cruzó al ministro Gabriel Katopodis, uno de los aspirantes del kicillofismo para competir por la gobernación en 2027.
Tignanelli viene de articular con Lorenzino en la Legislatura bonaerense un proyecto con el sello de La Cámpora sobre los endeudados. Según un relevamiento impulsado por el defensor adjunto Walter Matertello (Frente Renovador), el total de las deudas impagas de los bonaerenses asciende a $6,49 billones y más de 1,8 millones están en mora.
La iniciativa parlamentaria propone crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores en la provincia de Buenos Aires, una instancia prejudicial obligatoria en la que la Defensoría del Pueblo de PBA pueda mediar entre deudores y acreedores (bancos y billeteras virtuales) para acordar la reestructuración de los atrasos de pagos antes de llegar a la Justicia. El texto logró media sanción a finales de septiembre en la Cámara de Diputados provincial, aunque mostró discrepancias por parte de pares de bancada enrolados en el MDF.