Más allá de haber conseguido un fallo en tiempo récord que impide que los audios de Karina Milei cobren difusión, el gobierno de Javier Milei está en la mira del Poder Judicial, con críticas y fallos adversos. Solo en la última semana acumuló distintos reveses y sumó críticas de parte del ex supremo Juan Carlos Maqueda por tratar de cortar la circulación de las grabaciones de la Secretaria General de la Presidencia.
El martes por la noche, por ejemplo, tuvo lugar en la Facultad de Derecho un congreso Internacional denominado “Discapacidad en la justicia: derechos y garantías”. Fue elaborado por el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura porteño y por allí desfilaron especialistas nacionales e internacionales sobre varias temáticas.
Obviamente, el contexto no pasó desapercibido y hubo tiros por elevación a las políticas que encarnó la gestión de La Libertad Avanza en materia de discapacidad. En momentos en los que avanza la investigación encabezada por el juez Sebastián Casanello en torno a las presuntas coimas que habrían cobrado integrantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) gracias a integrantes de la Droguería Suizo Argentina. El caso se generó tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo, ex integrante de dicha área.
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En ese marco, la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la CABA, Genoveva Ferrero, valoró el congreso que se hizo en días “muy críticos” sobre la temática. “En Argentina se está atravesando un momento muy crítico en donde se está replanteando si el Estado debe o no intervenir en materia de discapacidad”, sostuvo.
Y agregó: “En el Poder Judicial, luego de tantos años y gracias al trabajo del equipo del Observatorio de la Discapacidad, hemos logrado cambiar la cultura y sí creemos que el estado tiene que estar presente, no sólo a la hora de intervenir con sentencias cuando el hecho ya pasó, sino también con políticas públicas vinculadas a la igualdad”. Una clara diferenciación de la visión oficial en la materia.
También hubo lugar para debatir sobre el acceso a justicia en igualdad de oportunidades. Allí, juez de Cámara Sala IV del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA, Lisandro Fastman, remarcó lo “destacable del encuentro para instalar esa temática tan relevante”.
En ese sentido, afirmó: “Como integrantes del Poder Judicial me parece que lo menos que podemos hacer es poner el cuerpo y la escucha y reflexionar cuales son las problemáticas para pasar de ser parte del problema para ser parte de posibles soluciones”. El magistrado, a su vez, reconoció la importancia de abordar esta “temática que es transversal y que coexiste con el rol de cada uno de los fueros del Poder Judicial de la Ciudad”.
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Horas antes del encuentro, Juan Carlos Maqueda, ex integrante de la Corte, hizo un raid mediático para cuestionar a la gestión Milei, con duras palabras para referirse al fallo que condena la difusión de los audios. “Estamos ante un fallo que desconoce más de 100 años de jurisprudencia en defensa de la libertad de expresión. Es gravísimo”, sentenció Maqueda en diálogo con Mitre Córdoba. Para el abogado, el texto judicial “empieza citando la jurisprudencia de la Corte sobre libertad de prensa, pero de repente da un vuelco sin explicación y concede la cautelar”. En sus palabras, “es como si el juez escribiera dos fallos distintos en uno solo”.
Otros cuestionamientos
En las últimas semanas, el Gobierno recibió de parte de la Justicia dos cachetazos. Primero, el 21 de agosto, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el decreto 462/25 y frenó los pases a disponibilidad en el INTA.
Pese a este antecedente, el oficialismo pretendió dejar en disponibilidad, mediante la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, a 300 trabajadores del organismo, siete días más tarde. Sin embargo, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín se volvió a expedir en favor de un reclamo de ATE, obligando al Gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de $10.000.000 diarios si no se rectifica. Algo que finalmente tuvo que hacer el viernes pasado mediante un comunicado de la cartera de Hacienda.
Gi