Foto: Daniella Fernández
En una jugada inédita, el gobierno de Javier Milei amagó con vetar parcial o totalmente su propio proyecto de Presupuesto 2026, luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a una versión que no contiene las partes centrales del ajuste fiscal que pretendía imponer. Esta derrota parlamentaria no es un error de cálculo: es la expresión de un proyecto de ajuste sin base social ni respaldo político, que ahora se da vuelta contra quienes lo impulsan.
Un Presupuesto sin ajuste es inservible para el oficialismo
El oficialismo buscaba avanzar con un Presupuesto que incluyera retrocesos estructurales en el gasto social, la derogación de leyes de emergencia y recortes drásticos que respaldaran las exigencias del FMI y el programa de ajuste. Sin embargo, sectores de la propia coalición y de sus aliados parlamentarios bloquearon los artículos más regresivos, incluida la derogada de la Emergencia en Discapacidad, la Emergencia Universitaria y otros capítulos considerados “condiciones de base” para el ajuste.
Frente a esa derrota, desde la Casa Rosada respondieron con una amenaza insólita: vetar la ley que ellos mismos propusieron, argumentando que el texto aprobado ya no cumple con el objetivo de “déficit cero” ni con las metas de austeridad que habían planteado. Esta postura implica reconocer públicamente que su propio proyecto fue desactivado por una coalición legislativa sin base social.
La derrota legislativa revela contradicciones del ajuste
El anuncio del veto expone un hecho incontestable: el ajuste no tiene consenso social ni político profundo. El gobierno que decía tener mayoría para imponer sus recetas y reformas regresivas ahora queda reducido a la amenaza de dar marcha atrás. Esto ocurre mientras:
- La reforma laboral, otro pilar del paquete de ajuste, enfrenta rechazo abierto del movimiento obrero.
- Los sectores populares sufren el desgaste del ajuste: salarios reales en caída, tarifazos, recortes en educación, salud y jubilaciones, y deterioro de las condiciones de vida.
- Las tensiones dentro del bloque oficialista y sus socios parlamentarios evidencian que no hay una base sólida para imponer reformas estructurales sin resistencia o ruptura.
Veto propio: símbolo de un proyecto agotado
Que el Ejecutivo considere vetar su propio Presupuesto no es solo una cuestión técnica: es un gesto político que desnuda el agotamiento de un modelo de ajuste que ya no encuentra anclaje ni siquiera entre quienes deberían respaldarlo. Cuando un gobierno no logra imponer ni siquiera su propia ley de leyes, queda en evidencia la falta de legitimidad de un proyecto que pretende transformar profundamente las reglas de juego sin contar con respaldo popular.
Quién paga la crisis y quién la generó
Este intento de veto llega en un contexto de creciente lucha social, con sectores sindicales combativos y organizaciones populares rechazando la agenda oficialista. Lejos de haber “ordenado las cuentas”, el gobierno ha profundizado la recesión y trasladado el costo de la crisis al pueblo trabajador.
En contraste, mientras se amenaza con vetar un Presupuesto que quitó recortes por deliberación legislativa, no se cuestionan ni se vetan beneficios tributarios a grandes capitales, ni las políticas que favorecen a evasores ni a sectores concentrados de la economía. Esto pone en evidencia la lógica de clase de las medidas: ajuste para lxs de abajo, impunidad y facilidades para lxs de arriba.
La amenaza de veto del propio Presupuesto 2026 no es una derrota menor: es una derrota política del proyecto de ajuste, una señal clara de que las recetas del FMI y del gobierno libertario no tienen aceptación plena ni sostenibilidad. Y mientras el oficialismo retrocede y se reorganiza, la lucha contra el ajuste no puede depender de alianzas inestables ni de mayorías parlamentarias frágiles, sino de la movilización popular y de un plan de resistencia sostenido.
Que el gobierno tenga que retractarse de su propia agenda económica es un síntoma de que el ajuste no está consolidado, y que todavía hay espacio para empujar desde abajo una agenda alternativa que priorice trabajo digno, salario real e inversión social.