A días de que el Senado comience a tratar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, una encuesta nacional de la Consultora Delfos muestra un escenario claro: la sociedad ya tomó posición, aun sin conocer en profundidad el contenido técnico del proyecto. Y esa posición es mayoritariamente crítica.
“El 52% está en desacuerdo”, explicó José Gangi, analista de la consultora, al presentar los resultados del estudio. Pero el dato más relevante no está solo en el número, sino en la lógica que lo sostiene. “Lo que vemos nosotros es que, más allá de estos detalles, la gente se ha pronunciado más que nada por el espíritu de la ley”, aseguró en Punto a Punto radio (90.7 FM).
Es decir, el rechazo no se construye sobre artículos específicos, sino sobre una percepción general: la reforma es leída como una amenaza al esquema de derechos laborales existentes. Según Gangi, la principal causa del desacuerdo es el temor a la precarización: “Básicamente, más del 60% nos dijo que era una ley que afectaba los derechos laborales y temían la precarización del trabajo”.
Incluso entre sectores informales o precarizados, aparece una valoración simbólica del trabajo formal como horizonte deseable y «hay un aspiracional todavía respecto del ámbito laboral formal que permite cierto estilo de vida”.
La encuesta también muestra que el posicionamiento frente a la reforma está atravesado de manera central por la identidad política. Para Gangi, el clivaje no es socioeconómico, sino ideológico: “Las principales diferencias las encontramos cuando analizamos el dato teniendo en cuenta a quién votó la persona en las elecciones presidenciales del año 2023”.
“Entre los votantes de Bullrich y Milei, la reforma tiene un nivel de acuerdo superior al 60%. En cambio, entre los votantes de Massa o de la izquierda, el desacuerdo supera el 80%”, el patrón es nítido. Además, «los votantes de Schiaretti también representan un desacuerdo superior al 60%, aunque desde un posicionamiento más moderado”.
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En ese marco, la reforma aparece como una política alineada principalmente con el núcleo duro oficialista: “El 31 casi 32% se posiciona a favor de la ley, que termina siendo de alguna manera el núcleo duro libertario o el núcleo duro que todavía acompaña al presidente Milei”.
Uno de los puntos más sensibles del estudio es la expectativa sobre la generación de empleo, principal argumento del Gobierno para justificar la reforma. Allí, la confianza social es baja: “Un 30% nos dice que va a generar más trabajo, un 30% que se va a mantener igual y un 30% que va a generar pérdida de puestos de trabajo”.
En términos políticos, el dato es demoledor: la promesa central de la reforma no logra construir consenso ni siquiera en la opinión pública general. Gangi también identificó un perfil particularmente crítico frente a la idea de que la reforma genere empleo y que son las mujeres de estudios altos y en edad productiva.
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El cuadro final que traza el estudio no es técnico ni jurídico, sino político y social: una reforma percibida más como un proceso de pérdida que como una oportunidad de mejora. La sociedad no discute artículos, discute sentidos. No debate modelos laborales, debate seguridad vital. Y en ese escenario, el Gobierno avanza con una estrategia clara: gobernar para su base electoral dura, aun a costa de ampliar la distancia con el resto del electorado.
La reforma laboral, más que un instrumento económico, se consolida como un símbolo político. Y como todo símbolo, divide más de lo que integra.