La Justicia avanza en causas que involucran a altos funcionarios del Ejecutivo, en un contexto de creciente judicialización de la política y tensiones internas en el poder.
El Gobierno nacional enfrenta un escenario de creciente judicialización, con investigaciones en curso que involucran a funcionarios de alto rango. La Justicia federal investiga tres causas de presunta corrupción: el esquema de sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, la estafa vinculada a criptomonedas con el lanzamiento de LIBRA, y una investigación por supuestas dádivas y enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Las dos primeras causas involucran a la hermana del presidente, Karina Milei, y al propio mandatario. En el caso de Adorni, la citación a indagatoria durante el proceso, si se determina su responsabilidad, sería un paso inevitable. Para el presidente y su hermana, la celeridad del avance judicial dependerá de lo que en los tribunales suele denominarse «poderómetro», aunque históricamente es poco frecuente que presidentes o altos funcionarios en ejercicio declaren en Comodoro Py antes de dejar sus cargos.
Este contexto se da en medio de una evidente judicialización de la política, fenómeno que también se observa en otras causas, como las que involucran al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. En estos expedientes, según se señala en ámbitos judiciales, existen presiones para designar jueces que puedan ralentizar las investigaciones.
La situación ha generado una particular dinámica interna. El recientemente nombrado ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo, quien lleva la causa contra Adorni y fue candidato oficialista a la Corte Suprema, mantienen una disputa por el cargo de Procurador General. Ambos necesitan apoyo político, tanto del oficialismo como del peronismo, para alcanzar el puesto. Mahiques y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, fueron en el pasado empleados del juzgado de Lijo.
Analistas judiciales observan que los movimientos de Lijo, incluyendo reuniones con referentes del peronismo, apuntarían a salir del cuadro de debilidad que dejó su frustrada nominación a la Corte Suprema. Si bien desde su entorno se rechaza cualquier ánimo revanchista hacia el Gobierno, algunos funcionarios judiciales consideran difícil no avanzar con la causa contra Adorni, dadas las pruebas que se manejan sobre un posible caso de dádivas y la falta de documentación que justifique el aumento de su patrimonio.
En paralelo, ha generado controversia la concesión de millonarios créditos a baja tasa por parte del Banco Nación a funcionarios del Gobierno. Si bien no se han detectado irregularidades formales en los otorgamientos, la situación genera cuestionamientos éticos en un contexto donde gran parte de la sociedad enfrenta deudas con tasas elevadas. La ministra Sandra Pettovello despidió a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, por haber accedido a un préstamo de $402 millones, un gesto que, según analistas políticos, marca ciertas incongruencias en el discurso oficial, ya que no se replicó con otros funcionarios que obtuvieron beneficios similares.