El magistrado de Mar del Plata presentó su dimisión, pero el Gobierno solicitó un informe al Consejo de la Magistratura antes de definir su aceptación, en el marco de un proceso por mal desempeño.
El juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, presentó su renuncia al cargo tras ser denunciado por difundir mensajes considerados antisemitas y xenófobos en sus redes sociales. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no aceptó de inmediato la dimisión y requirió al Consejo de la Magistratura información sobre el proceso disciplinario que se le sigue por mal desempeño.
La decisión del Gobierno de no aceptar la renuncia de forma automática preserva la posibilidad de llevar adelante un juicio político. Si el jury culmina con su remoción, López no percibiría la jubilación correspondiente a su cargo. En cambio, si la renuncia es aceptada, el magistrado podría acceder a esos beneficios.
López, titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, está a un paso de ser sometido a jury. El proceso se inició por expresiones difundidas a través de su cuenta en la red social X, donde, según las denuncias, realizó distinciones entre «judíos» y «argentinos» y utilizó conceptos denigrantes. Entre otras publicaciones, el juez afirmó que «Hamas es una creación de Israel» y que «Israel es una farsa», además de compartir imágenes con simbología ofensiva.
Organizaciones de la comunidad judía y particulares presentaron denuncias formales ante el Consejo de la Magistratura, acompañadas de capturas de pantalla certificadas. Los denunciantes argumentaron que el magistrado utilizó la red social para difundir de manera sistemática expresiones que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro, configurando un patrón de hostilidad.
Por su parte, el juez López defendió sus dichos como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, negó que constituyeran un delito y cuestionó la legitimidad de las organizaciones denunciantes.
El Consejo de la Magistratura deberá ahora confeccionar y remitir el informe solicitado por el Poder Ejecutivo. Una vez recibido, el Gobierno quedará en condiciones de definir si acepta o no la renuncia del magistrado. Este caso se enmarca en una serie de actuaciones recientes donde el Consejo evalúa la conducta extrajudicial de los jueces y su coherencia con las exigencias del cargo.