Tras el mensaje del presidente del máximo tribunal sobre el «acatamiento obligatorio», se analizan recientes decisiones judiciales que han suspendido o interpretado normas laborales, generando debate sobre seguridad jurídica.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se refirió ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) a la necesidad del «acatamiento obligatorio» de las decisiones del máximo tribunal. Esta declaración pone el foco en la relación entre la Corte y los magistrados de instancias inferiores, en particular del fuero laboral.
Recientemente, la CGT logró frenar en la Justicia la ley de modernización laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió 81 artículos de la norma, abarcando puntos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), limitaciones al derecho de huelga, cálculo de indemnizaciones, banco de horas y el traspaso de la Justicia Nacional Laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
En Argentina, a diferencia de países como Francia o España, cualquier juez puede suspender precautoriamente la vigencia de una ley. Desde el fuero laboral se han dado casos que, según algunos sectores, generan incertidumbre. Un ejemplo son los métodos de actualización de indemnizaciones. En febrero de 2024, la Corte Suprema rechazó una práctica de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que actualizaba montos con la tasa activa del Banco Nación y capitalizaba intereses anualmente, un mecanismo que, según el fallo, podía afectar a las empresas.
La Corte ha emitido fallos que buscan poner límites a ciertas decisiones del fuero laboral. En los casos Oliva, Lacuadra y Domínguez, el tribunal revocó sentencias que aplicaban intereses sobre intereses, elevaban indemnizaciones en porcentajes extremos o imponían multas consideradas desproporcionadas.
Frente a esta dispersión de criterios, la nueva ley de modernización laboral incluyó en su artículo 89 la especificación de que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación que haga la Corte Suprema. Sin embargo, la suspensión de la aplicación de esta misma ley, ordenada por el juez Ojeda, plantea un nuevo desafío judicial que deberá ser resuelto.