Una legisladora porteña pidió formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud que intervenga la Obra Social de Choferes de Camión, cuestionando su administración y señalando una deuda millonaria.
La legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la intervención de la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca), presidida por Hugo Moyano. El pedido se basa en una reciente publicación periodística que informó sobre transferencias de fondos desde el gremio y la obra social hacia fideicomisos vinculados a familiares del dirigente sindical.
En una carta dirigida al titular de la SSS, Claudio Adrián Stivelman, Ocaña argumentó que se configura una «incorrecta o mala administración de sus recursos conjuntamente con la inadecuada prestación de sus servicios». La legisladora, quien hace dos décadas presentó una denuncia penal contra Moyano por presunta administración fraudulenta, reclama que el Poder Ejecutivo Nacional tome cartas en el asunto.
Según la información a la que accedió LA NACION, la deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanzaba, a febrero de este año, los $32.400.067 millones. Este déficit no contempla la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 50% de los 190.000 afiliados. Fuentes sindicales estiman que, considerando este factor, el pasivo financiero total podría rondar los $60.000 millones de pesos.
«La realidad es que Oschoca debería ser un modelo de prestaciones para la Argentina, sin embargo: obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica», planteó Ocaña en su escrito, donde también solicitó la intervención del presidente Javier Milei.