A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba y una auditoría a la AGN para determinar si nueve préstamos por 2.500 millones de pesos se ajustaron a la normativa.
El juez federal Ariel Lijo firmó una resolución con medidas de prueba para investigar los créditos hipotecarios que el Banco Nación concedió a un grupo de dirigentes y funcionarios libertarios. La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si los nueve préstamos, por un total de 2.500 millones de pesos, se realizaron bajo la normativa vigente. Además, el magistrado ordenó una auditoría a la AGN (Auditoría General de la Nación).
Los créditos, otorgados en montos que oscilaron entre 200.000 y 315.000 dólares, fueron destinados a funcionarios y legisladores oficialistas. Las denuncias que originaron la causa, unificadas en el juzgado de Lijo, apuntan a posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
El foco de la investigación está puesto en dos posibles irregularidades: la inobservancia de la normativa financiera y la concesión de privilegios indebidos. Entre las medidas de prueba, se solicitó al Banco Central que aporte el marco normativo y al Banco Nación que entregue los legajos completos de los créditos, incluyendo recibos de sueldo y escrituras. También se pidió un informe comparativo entre los créditos a funcionarios y la cartera general de clientes.
La fiscalía busca esclarecer si existió favoritismo, si los montos se correspondían con los ingresos de los solicitantes y si los trámites se aceleraron de manera irregular. Entre los beneficiarios investigados se encuentran Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Felipe Núñez, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Sharif Menem, entre otros.
Por su parte, el gobierno negó cualquier hecho ilícito y el Banco Nación explicó que los préstamos se otorgaron bajo una línea específica para empleados públicos, más ágil y que cubre hasta el 90% del valor de la vivienda. La investigación continúa en curso.