El sector automotor y autopartista argentino enfrenta un doble desafío: por un lado, la competencia de países que subsidian su producción, y por otro, una pesada carga impositiva local que afecta su competitividad.
La industria automotriz argentina atraviesa un momento crítico, marcado por la necesidad de adaptarse a un cambio tecnológico global en el negocio de la movilidad y por una feroz competencia no solo comercial, sino también por las inversiones que definirán las capacidades productivas y el empleo futuro.
El sector es uno de los más abiertos del país: mientras que para Argentina la suma de importaciones y exportaciones sobre el PBI representa el 25%, en el sector automotor esa cifra supera el 130% de la producción. Esta estructura, basada en un esquema de especialización y complementación con Brasil, depende de las exportaciones para alcanzar escalas eficientes, por lo que las reglas equitativas son fundamentales.
La competitividad de la cadena automotriz está en discusión, y con ella, el patrón de referencia para medirla. A menudo se comparan precios sin considerar las diferencias impositivas, o se exigen reglas justas para los vehículos terminados pero no para las autopartes importadas, que pueden provenir de países con subsidios o prácticas de dumping social. Mientras tanto, potencias como Estados Unidos y la Unión Europea aplican aranceles quirúrgicos e investigaciones antisubsidios para protegerse de la competencia desleal.
Para Argentina, el desafío es doble: además de enfrentar casos de competencia con ventajas artificiales, el sector carga con una pesada mochila tributaria que incluye impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto a los Débitos y Créditos y tasas municipales, que se encarecen en las cadenas más integradas localmente. La eliminación de estas cargas y la aplicación de reglas claras son pasos necesarios para que la industria pueda competir en igualdad de condiciones.