Un análisis sobre el impacto de las retenciones en el desarrollo del interior productivo y las oportunidades que abre el actual orden fiscal.
Casi el 58% de los impuestos que paga una hectárea agrícola son tributos nacionales no coparticipables. Salen del interior productivo y nunca retornan a la provincia donde se generó la cosecha. Cada vez que un productor de Pergamino, Río Cuarto, Venado Tuerto o Gualeguaychú vende un camión de soja al exterior, una parte importante de ese ingreso se captura en el Tesoro nacional. No retorna a su provincia, no circula en su región, no se transforma en más actividad, más inversión ni más oportunidades. Tampoco financia la escuela rural, el hospital municipal ni la comisaría del pueblo de donde salió la cosecha. Eso es, en la práctica, lo que hacen las retenciones.
Las retenciones tienen una particularidad poco discutida: las pagan las provincias del interior productivo, pero son una de las pocas grandes recaudaciones nacionales que no se coparticipan. La Nación las cobra, las administra y decide su destino. Ese mecanismo, sostenido durante años, ayuda a explicar por qué la Argentina lleva décadas sin crecer y por qué su interior —el que genera la mayor parte de las divisas— queda relegado en su desarrollo.
Los números lo reflejan con claridad. En los últimos 30 años, el PBI per cápita argentino creció apenas en torno al 30% en términos reales. Uruguay y Paraguay lo hicieron cerca del 90%. Brasil, alrededor del 40%. Al mismo tiempo, la Argentina exporta solo el 15% de su PBI, muy por debajo de sus vecinos y de las economías que crecen de manera sostenida. El problema de fondo es claro: somos de los pocos países que castigan lo que deberían promover. Mientras el mundo compite por vender más, la Argentina penaliza a quienes exportan. El resultado es menos producción, menos inversión, menos empleo y menos oportunidades.
Las retenciones no son la única causa de este estancamiento, pero son la más visible. Desalientan la inversión, frenan la adopción de tecnología, achican la escala productiva y empujan decisiones defensivas en lugar de expansivas. Pero hay una dimensión adicional, menos evidente y más profunda. Ese mecanismo no solo extrae recursos: altera cómo se financia todo el sistema. Al retirar recursos del interior, las retenciones debilitan la base fiscal de las provincias. Para sostener sus servicios —educación, salud, seguridad, caminos—, los gobiernos provinciales recurren a cargar sobre la misma actividad nuevos impuestos: Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales. El resultado es un esquema en el que la producción es gravada dos veces sobre el mismo flujo: primero por la Nación, que capta la renta antes de que se distribuya, y luego por las provincias, que intentan compensar esa pérdida con tributos propios. No es solo una cuestión de presión fiscal: es un sistema que desalienta la producción desde todos los niveles del Estado.
Por eso, una verdadera transformación no pasa solo por eliminar retenciones, sino por ordenar el sistema tributario en su conjunto. Menos impuestos sobre la producción, más foco en la renta, más incentivos a invertir y producir. La evidencia de lo que ocurre cuando se deja de castigar la producción ya existe. Entre 2015 y 2018, la eliminación de retenciones en varios cultivos generó un salto inmediato: el maíz y el trigo crecieron cerca de un 70% en pocos años. No hizo falta un plan complejo ni subsidios: alcanzó con remover el obstáculo.
Si el diagnóstico es claro y la evidencia también, la pregunta es por qué nunca se avanzó hasta el final. La respuesta es conocida: las retenciones son una de las pocas fuentes de recaudación nacional que no se comparten. Son recursos inmediatos, discrecionales y de bajo costo político en el corto plazo. Eliminarlas implica reemplazar esa recaudación, ordenar el gasto y asumir un costo que pocos gobiernos estuvieron dispuestos a afrontar.
El contexto actual introduce una diferencia clave. El orden fiscal alcanzado y sostenido en los últimos años —impulsado con decisión por el presidente Milei, con un esfuerzo y una velocidad que no tienen muchos precedentes— no solo corrigió un desequilibrio histórico, sino que abrió una oportunidad que antes no existía. Por primera vez en mucho tiempo, la Argentina no está condicionada por la urgencia de estabilizar la macroeconomía, sino desafiada a definir con claridad el rumbo y la matriz productiva del crecimiento, anclados en sus ventajas comparativas. El problema ya no es la disciplina. Es dar este paso imprescindible y fundacional.
Y ahí aparece el punto central: cómo dar ese paso. El problema de las retenciones en la Argentina no es el destino. Es el camino. Sobre el destino hay consenso: nadie discute seriamente que deben desaparecer. Pero sobre el cómo no hay previsibilidad, ni secuencia, ni un marco que permita tomar decisiones de inversión con horizonte. La experiencia reciente lo confirma. Cuando el Estado ofrece reglas claras y sostenidas en el tiempo, la inversión responde. Vaca Muerta es el ejemplo más visible. Plantear la eliminación de retenciones como un costo fiscal es, además, una mirada incompleta.