Un informe de la industria revela que el mercado informal de telefonía móvil creció del 7% al 35% del total de ventas, con una pérdida fiscal estimada de hasta 500 millones de dólares anuales.
El mercado de celulares en Argentina enfrenta uno de sus desafíos más críticos en años. Según los últimos datos relevados por fuentes de la industria en abril de 2026, el mercado informal de telefonía celular ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de representar un 7% a un 35% del volumen total de ventas en el país. En términos concretos, esto significa que hoy 1 de cada 3 dispositivos se comercializa a través de canales informales.
El volumen anual de este fenómeno ya supera las 3,2 millones de unidades, lo que representa un flujo económico de USD 1.858 millones que se mueve por fuera del sistema legal, acercándose a los USD 2.311 millones que genera la producción nacional. Considerando la tendencia de los primeros tres meses, el volumen total de contrabando de dispositivos es de 50.000 unidades por semana entre todas las marcas.
En el segmento de alta gama, el mercado informal alcanzó la paridad con la fabricación local durante el primer trimestre de 2026, capturando la mitad de la demanda total de estos dispositivos. Para el consumidor, el principal motor de este crecimiento es la diferencia de precios. El informe destaca que la brecha promedio entre el canal formal y el contrabando oscila entre el 30% y el 35%, llegando incluso al 40% en modelos de gama alta. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB tiene un valor de $3.699.999 en una tienda oficial, mientras que en diferentes importadores se puede encontrar a $2.677.500.
Desde las empresas del sector señalan que esta situación constituye una competencia desigual, fundamentada en la estructura de costos: mientras que un producto producido localmente debe afrontar un 34% de impuestos (nacionales, provinciales y municipales), sumado a costos de financiación (9%) y gastos comerciales, el mercado informal elude la totalidad de estas obligaciones. Esta ventaja impositiva es, en última instancia, la que permite que el contrabando sostenga precios finales imposibles de alcanzar para el sector formal.
El flujo de dispositivos ilícitos mantiene una regularidad que alarma a los operadores locales: se estima el ingreso de 50.000 unidades por semana. Según el relevamiento de las marcas y empresas de la industria, la entrada de estos productos está atomizada en dos grandes nodos: el canal digital se ha convertido en el principal aliado de la informalidad. El 60% de las ventas de contrabando se concentra en redes sociales, mientras que el 40% restante se canaliza a través de plataformas de e-commerce.
Lo más preocupante para los entes reguladores como la AFIP es la detección de una «modalidad comercial híbrida». Muchos agentes utilizan una mezcla de stock legal e informal para fragmentar la trazabilidad operativa, dificultando las auditorías y ejecutando estrategias de evasión fiscal sofisticadas.
Más allá de la afectación a las empresas, el impacto en las arcas públicas es severo. Se calcula que la elusión impositiva generada por el contrabando deriva en una pérdida fiscal de entre 400 y 500 millones de dólares anuales. En un contexto donde la economía demanda transparencia y recaudación, el avance del mercado ilegal de celulares no solo golpea a la industria y al empleo nacional, sino que desfinancia al Estado bajo un esquema de competencia desproporcionado.