El máximo tribunal aceptó tratar la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por fondos coparticipables, lo que abre un nuevo frente fiscal para el Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió involucrarse en un tema que genera preocupación en las provincias: la coparticipación federal. El pasado jueves 7 de mayo, con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal aceptó la competencia para tratar la demanda presentada por la provincia de La Pampa contra el Estado Nacional por fondos que, según la provincia, le corresponden.
Esta decisión no solo valida la vía judicial elegida por el distrito pampeano, sino que también activa un mecanismo de resolución de conflictos de alto impacto fiscal, en un contexto de baja recaudación y tensiones internas para sostener la gestión. La demanda, encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, pone el foco en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand, La Pampa solicita que el 1% de los fondos que integran esa masa de recursos sea repartido de manera diaria y automática entre todas las jurisdicciones del país.
El argumento central es la “eliminación de la discrecionalidad”. Al ser fondos de coparticipación, la provincia sostiene que su envío no debería depender de la voluntad política del Ejecutivo Nacional, sino de un sistema reglado que garantice la previsibilidad financiera de las provincias. Se trata de una discusión que involucra sumas que superan varios miles de millones de pesos, esenciales para el financiamiento de políticas públicas locales.
Tras aceptar el caso bajo el artículo 117 de la Constitución Nacional, la Corte ordenó “correr traslado” al Estado Nacional. Esto significa que la administración de Javier Milei cuenta con un plazo de 60 días para presentar su defensa y responder formalmente a los cargos. La disputa de La Pampa contra el Estado Nacional abre una ventana de posible resolución a una serie de reclamos de distintas provincias por los métodos y retrasos del Gobierno en la distribución de fondos coparticipables. La decisión abre otro frente para la Casa Rosada.