El Gobierno avanza en la reducción del gasto público y la apertura comercial, mientras sectores productivos y laborales denuncian una situación de crisis. Análisis del origen de esta dicotomía.
Argentina enfrenta nuevamente el desafío de normalizar el gasto público hasta niveles consistentes con el equilibrio fiscal, abrir la economía al comercio internacional y evitar ser derrotada por el péndulo político en el intento.
El Gobierno ha avanzado rápidamente en ambos frentes. El gasto público medido en relación al PBI, que el kirchnerismo dejó en 42% en 2015, bajó a 36% en 2019, subió a 38% en 2023 y ha caído a 31% en la actualidad, logrando volver al equilibrio fiscal por primera vez desde 2008. En términos de apertura comercial, se han eliminado todas las licencias no automáticas a la importación, el tipo de cambio está cerca de la unificación y el arancel promedio de importación cayó de 12% a 9%.
En este contexto de normalización macroeconómica, luego de un crecimiento de 4,4% en 2025, parece difícil que la economía no muestre un buen desempeño en lo que queda de 2026. Las megatasas de interés reales que llegó a pagar el Gobierno para renovar su deuda en pesos, del 40% en octubre de 2025, hoy son cercanas a cero. La inflación, que tocó 3,4% mensual en marzo, da señales de ceder y encaminarse a cifras más cercanas al 2%. Además, las exportaciones superarán los US$100.000 millones este año y, con el riesgo país en una zona cercana a los 500 puntos básicos, la inversión se expandirá cerca de 8% en 2026 según estimaciones.
Asumiendo un buen marzo para el PBI y un crecimiento mensual conservador de 0% a partir de mayo, la economía crecería cerca de 2,5% en el año, y en diciembre próximo marcaría un aumento de punta a punta de 10% comparada con el PBI promedio de noviembre/diciembre de 2023. De verificarse este desempeño, la economía se habría expandido a un ritmo de 3,1% anual en el período 2024-2026, algo no visto desde marzo de 2013.
Sin embargo, muchos sectores de la producción y el empleo plantean una situación de crisis que los números globales no reflejan. Es útil entender el origen de esta dicotomía. La normalización de los precios regulados y la apertura a la competencia internacional generan desafíos al sector privado distintos a los de la economía inflacionaria y cerrada. Hay nuevos sectores que se expanden (energía, minería, agro, comercio) mientras que otros que tradicionalmente se beneficiaban (industria sustitutiva de importaciones, especialmente textil) se contraen. Del lado del consumo, la canasta ahora incluye precios normalizados para los servicios públicos, por lo que aunque el consumo agregado crece, una parte sustantiva de ese consumo incluye el pago de servicios que antes solo se pagaban parcialmente.
El empleo no ha crecido entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025. Cayó el empleo formal y subió el informal, pero el empleo total prácticamente no se movió, generando un aumento en la tasa de desempleo de 5,7% a 7,5%. La contracara de un PBI que crece con empleo estancado es que la productividad total de los factores habría crecido 7,7% desde el cambio de Gobierno.
En España, en 1985, el desempleo subió hasta 22% al abrir su economía al entrar a la Unión Europea en 1986. En Chile ocurrió algo similar a comienzos de los 80. Hoy, el PBI per cápita de España es de US$41.000, el de Chile de US$20.000 y el de Argentina de US$14.000. El desafío es alcanzarlos sin pasar por esa crisis de empleo. Para ello, más flexibilidad y menos impuestos al trabajo son vitales.
Hacia adelante, parte de la transición debería incluir una aceleración del programa de infraestructura, en buena medida ejecutado por el sector privado: hace tres años que no se invierte en rutas y la hidrovía debió haberse licitado hace tiempo. También hay medidas posibles para facilitar la migración de la vieja economía a la nueva. El Gobierno ha mantenido las transferencias a los sectores de menores recursos, como la AUH, en niveles más elevados que los de la administración precedente, y esa política debería sostenerse durante la transición. Al mismo tiempo, los salarios del sector público cayeron cerca de 30% en términos reales durante el último trienio, generando dificultades para retener una planta estatal de calidad.
El empleo público total sigue en torno a 3,4 millones, apenas por debajo de los 3,5 millones de fines de 2023 y muy por encima de los 2,7 millones de 2012. Esto muestra que todavía hay amplio espacio para optimizar, especialmente a nivel subnacional. La próxima etapa debería pasar de la motosierra al bisturí: conservar el Estado que se necesita, mucho menor que el actual, pero con concursos, cumplimiento efectivo de dedicaciones exclusivas en universidades, salarios competitivos y modernización de las fuerzas armadas.
Finalmente, hay que institucionalizar la política monetaria. El Banco Central debe ser independiente y su presidente, Santiago Bausili, debe ser ratificado por el Senado. Así, los diferentes partidos políticos deberán manifestar en la campaña electoral de 2027 si planean romper el camino a la estabilidad despidiendo a Bausili o si lo mantendrán en el cargo. La política monetaria tiene mucho espacio para colaborar en la siguiente etapa de la desinflación: avanzar en desmontar los controles de capitales, tener una política de tasa de referencia o de agregados monetarios explícita, o un objetivo de inflación, contribuirán a una baja más marcada de la inflación.