Siete años después del asesinato de Lorena Romero, una nueva pericia busca determinar si la sangre hallada en un disco de amoladora corresponde a la víctima.
Siete años después del femicidio de Lorena Romero, quien fue asesinada y desmembrada en Chaco, se realizó este martes una nueva pericia en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para determinar si la sangre encontrada en uno de los elementos secuestrados en la causa es compatible con el ADN de la joven.
La mancha fue descubierta en un disco de amoladora y será cotejada con los restos de la víctima conservados en la morgue judicial. La medida fue dispuesta por la fiscal especializada en género María Noel Benítez, quien retomó el expediente tras años de avances y retrocesos que dejaron a todos los sospechosos en libertad.
Lorena tenía 21 años cuando fue asesinada el 10 de junio de 2019 en la ciudad chaqueña de Resistencia. Su cuerpo fue hallado en el río Paraná, cerca de Reconquista, y los exámenes realizados durante la instrucción inicial establecieron que, tras ser asesinada, fue trasladada a un rancho ubicado en la calle Río Paraná sin número, a unos 30 metros de la Escuela 417 en Puerto Vilelas, a orillas del riacho Barranqueras. Allí fue mutilada con sierras, serruchos y amoladoras.
Según informó Diario Época, la fiscal Benítez explicó que con anterioridad se habían analizado muestras genéticas aportadas por los padres de la víctima y que los resultados fueron negativos. Pese a ello, consideró necesario descartar todas las posibilidades antes de cerrar esa línea de investigación. Aún se desconocen los tiempos que demandarán los resultados de la nueva pericia.
La instrucción del entonces fiscal Héctor Valdivia señaló que Ezequiel R., ex novio de Lorena, la habría golpeado hasta fracturarle siete costillas. Luego intentó ocultar el crimen y para ello contó con la ayuda de Ramón R. y Walter R. Por un lado, la ex pareja está imputada por homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio. Lo sigue Ramón R., señalado como coautor, y Walter R., considerado partícipe necesario. Por último, Gonzalo Gerardo C.M. y Osvaldo S. están acusados por encubrimiento agravado.
Respecto a los hechos ocurridos aquel día, se supo que Lorena había dicho que iba a un kiosco cercano a su casa en Villa El Dorado, aunque finalmente se dirigió a Villa Palermo II, donde residía Ezequiel R. Según la investigación, allí se desató una discusión porque Ramos no atendía los reiterados llamados de la joven. Los perros rastreadores siguieron el rastro de Romero hasta esa dirección, donde se incautaron elementos vinculados a la causa.
Sin embargo, la prueba genética en manchas de sangre halladas en ropa y una almohada secuestradas en la vivienda a orillas del riacho en Puerto Vilelas arrojó resultados negativos al ser cotejada con muestras de los padres de Lorena, y el perfil genético tampoco resultó compatible con los imputados. Esto llevó a que los detenidos quedaran en libertad. Ezequiel pagó una fianza y salió; Ramón contaba con prisión domiciliaria por ser paciente de riesgo durante la pandemia de COVID-19, y Walter estaba alojado en la comisaría de Isla del Cerrito.
La defensora oficial Yamila Baldovino, que representa a la familia de la víctima y participó de la pericia en el IMCIF junto a los abogados de la defensa Miguel Barceló y Macarena Barceló Fogar, afirmó: “Que estén libres no significa que sean inocentes. Acá solo se decretó el cese de la prisión preventiva y el proceso de investigación continúa”. La funcionaria judicial también anticipó: “Irán a juicio y ese es nuestro objetivo, por lo cual seguramente será un juicio por jurados que resolverá para que se le dicte una condena”.