El gobernador Gavin Newsom informó que documentos federales revelan un gasto de 111 millones de dólares por la federalización de tropas durante 2025, en el marco de un conflicto judicial con la administración Trump.
El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por la administración de Donald Trump durante 2025, representó un gasto estimado en 111 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses. La cifra surgió de documentos federales entregados tras un pedido realizado por la oficina del mandatario estatal mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Cómo afectó la federalización de la Guardia Nacional a California
De acuerdo con la administración estatal, los fondos corresponden a los ejercicios fiscales 2025 y 2026 vinculados con la federalización de tropas de la Guardia Nacional de California durante el pasado verano boreal. Newsom sostuvo que la intervención se llevó adelante sin autorización del estado y calificó la medida como contraria a la Constitución.
“En vísperas del Día de los Caídos, pocas cosas son más irrespetuosas con quienes han servido que Donald Trump secuestrando la Guardia Nacional de California para una maniobra política y luego enviándoles la factura a los contribuyentes”, dijo el gobernador en un comunicado oficial.
Según el mandatario estatal, la decisión de Trump apartó a los militares de las cuadrillas de extinción de incendios forestales y de las operaciones antidrogas. “Todo para un espectáculo televisivo ilegal que violó la venerable tradición de que las tropas no patrullan las calles estadounidenses”, agregó.
Los documentos entregados por el Departamento de Defensa y compartidos en el comunicado de Newsom detallaron que los recursos utilizados para la movilización incluyeron gastos logísticos, operativos y administrativos. Desde la oficina del gobernador indicaron que las proyecciones elaboradas por California meses antes, que calculaban un costo cercano a los US$120 millones, fueron confirmadas por los registros federales.
La solicitud de acceso a la información había sido presentada en agosto de 2025 y buscaba determinar el alcance económico de la activación de la Guardia Nacional y de efectivos de los Marines desde el 7 de junio de ese año. El gobierno estatal señaló además que los retrasos en la entrega de la documentación impidieron conocer durante meses el impacto financiero total de la operación.
La disputa entre California y la administración Trump por el control de las tropas
El conflicto comenzó después de que el gobierno federal tomara control de cerca de 4000 integrantes de la Guardia Nacional de California para desplegarlos en las calles de Los Ángeles. El 10 de junio de 2025, la administración estatal presentó una demanda para impedir la medida y cuestionó el uso de militares en tareas vinculadas con seguridad interna y operativos migratorios.
El gobierno de California argumentó ante los tribunales que la federalización de las tropas afectaba la autonomía estatal y excedía las facultades del Ejecutivo nacional. La presentación judicial fue acompañada por el fiscal general estatal, Rob Bonta, quien reclamó en ese entonces la restitución inmediata del mando operativo.
“El presidente busca cualquier pretexto para desplegar fuerzas militares en las calles estadounidenses con el fin de intimidar y silenciar a quienes no están de acuerdo con él. Esto no solo es inmoral, sino también ilegal y peligroso”, dijo Bonta.
Con el avance del proceso judicial, distintas resoluciones terminaron por limitar la intervención federal. Finalmente, las tropas de la Guardia Nacional de California regresaron formalmente al mando y control del estado el 31 de diciembre de 2025.
Ese día, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una orden que permitió que entrara en vigor un fallo judicial previo, lo que permitió que se pusiera fin al despliegue en Los Ángeles.
Esta resolución se produjo después de que una decisión de la Corte Suprema de EE.UU., en un fallo de seis a tres a favor del estado de Illinois en un caso similar, según el documento oficial, rechazó la capacidad del presidente para federalizar unilateralmente a las tropas estatales.
California vincula la controversia judicial con el gasto público
Newsom aseguró que el estado terminó por afrontar las consecuencias económicas de una decisión federal que luego fue cuestionada en los tribunales. “Las comunidades de California pagaron el precio. Los contribuyentes pagaron el precio”, dijo Newsom. “Y ahora sabemos que la factura ya supera los US$111 millones, y el contador sigue corriendo”, agregó.
La administración estatal remarcó que el regreso de las tropas permitió reincorporar efectivos a sus funciones originales dentro del estado. Tras los fallos judiciales, el gobierno de California ordenó el retorno de los integrantes de la Guardia Nacional a sus hogares y a sus tareas habituales.
La disputa entre el Estado Dorado y la administración Trump se convirtió en uno de los principales conflictos institucionales vinculados al uso de fuerzas militares en territorio estadounidense durante 2025. “California seguirá solicitando al gobierno federal cifras de costos actualizadas a medida que se finalicen los gastos pendientes por horas extras y desmovilización”, señaló la oficina de Newsom en el comunicado oficial.