El gas volvió a estar en el centro de la escena económica argentina. Las facturas residenciales subieron por el mayor consumo estacional y tarifas más caras, mientras que unas 130 fábricas sufrieron cortes de suministro. En paralelo, el Senado debate cambios al régimen de Zonas Frías que podrían reducir los subsidios.
El gas volvió a llamar la atención de hogares y empresas argentinas a raíz del aumento de las facturas por mayor consumo estacional y tarifas más caras, el proyecto oficial de cambio al régimen de Zonas Frías y los cortes de suministro a empresas fabriles que también afrontan un fuerte aumento de costos.
De aprobarse en el Senado, el cambio al régimen de Zonas Frías, que ya tiene media sanción de Diputados, significará un aumento adicional a gran parte de los usuarios que habían sido beneficiados por la ampliación que en 2021 llevó de unos 950.000 a cerca de cuatro millones el número de beneficiarios.
Argentina es un país abundante en gas, pero en los meses de invierno, por el fuerte aumento del consumo domiciliario, debe importar una parte, mayormente en forma de Gas Natural Licuado (GNL) que llega en barcos metaneros a un precio que este año tuvo un fuerte salto por la guerra en Medio Oriente y las restricciones de tránsito en el Estrecho de Ormuz.
Ya en mayo, según un reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet, el costo de la canasta de servicios públicos aumentó 17,5%, a $249.834 para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La factura que más aumentó respecto de abril fue la del gas, a $49.972, porque al aumento de 4% del cargo fijo y 3,3% del variable se sumó la estacionalidad del consumo.
Las restricciones en el suministro de gas ya alcanzaron a unas 130 fábricas principalmente en Córdoba, el litoral y el NOA (por insuficiencias de la infraestructura de transporte) y el sector industrial pidió al Gobierno evitar una profundización del problema. La Unión Industrial de Córdoba (UIC) emitió un comunicado advirtiendo que “la industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos” y resaltó que las restricciones de suministro afectan incluso a empresas con contratos firmes y semi-firmes.
Juan Bosch, CEO de Saesa, explicó que “Argentina puede reducir la importación de GNL sensiblemente, pero todavía importar algo, porque en invierno la demanda domiciliaria pasa de 20 millones de metros cúbicos por día (Mm3d) a 80 o hasta 90 Mm3d”. También defendió las limitaciones al Régimen de Zonas Frías: “El régimen era prudente y razonable, pero se fue desvirtuando al incluir zonas y usuarios que no requerían protección especial”.
La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) proyectó que en un escenario “moderado” Argentina producirá 213 millones de metros cúbicos de gas diarios en 2030. En caso de aprobarse la restricción del subsidio, se ahorrarían unos $270.000 millones anuales, una reducción de casi 56% del costo fiscal actual. La nueva norma dejaría fuera del beneficio a 1,2 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que los cambios propuestos “alteran la lógica histórica del régimen compensatorio” y que limitar el beneficio al valor del gas en boca de pozo implica trasladar costos crecientes a los usuarios.