La mandataria costarricense convocó a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial para revisar la situación de seguridad nacional, exponer el accionar de 61 bandas criminales y preparar proyectos de ley.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reunió este jueves a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial para revisar la situación de la seguridad nacional, exponer el funcionamiento de 61 bandas en conflicto y preparar proyectos de ley. Según la mandataria, la criminalidad actual ya no puede enfrentarse con normas pensadas para “otra Costa Rica”.
Uno de los datos destacados fue el caso de una persona detenida hasta 388 veces sin que, según la presidenta, exista una causa penal formada en su contra. También afirmó que se analizaron expedientes de liberaciones en las que el Instituto de Criminología Nacional del Ministerio de Justicia y Paz recomendó no excarcelar a personas consideradas peligrosas y, aun así, jueces de ejecución de la pena las dejaron en libertad.
La reunión se realizó en el Instituto Nacional de Seguros, en San José, y comenzó con una exposición de especialistas del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz. Según la presidenta, esos funcionarios presentaron mapas de calor de las siete provincias, fichas de los principales delincuentes y los puntos más conflictivos del territorio nacional.
La mandataria sostuvo que el objetivo fue triple: revisar con datos la realidad de la seguridad, identificar fortalezas y debilidades del Estado y escuchar de los propios funcionarios cuáles son las trabas operativas y legales. También anunció la preparación de varios paquetes de proyectos de ley para enviarlos a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno apunta a reformas penales, penitenciarias y de coordinación entre poderes. La presidenta aseguró que no hay una acción específica definida en conjunto entre los tres poderes, pero sí una manifestación de voluntad para aprobar con rapidez leyes sobre ejecución de la pena, reformas al Código Penal y cambios en las reglas carcelarias para cortar la comunicación de bandas criminales encarceladas con sus miembros en libertad.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que la reunión fue “productiva en dos sentidos” porque permitió identificar problemas concretos de coordinación entre los cuerpos policiales y el Poder Judicial, además de vacíos legales. Agregó que las fracciones expusieron sus propias agendas y que hubo coincidencias con iniciativas en marcha para sancionar mejor a las bandas criminales, desarticularlas, agilizar los procesos penales y mejorar el sistema penitenciario. Señaló que su aporte específico fue impulsar una reforma para atacar el financiamiento del crimen organizado.
El legislador también advirtió que persiste un obstáculo político e institucional, ya que el tono de enfrentamiento del Ejecutivo con el Poder Judicial no facilita el trabajo conjunto.
La presidenta respondió sobre el tiempo que tardan algunos allanamientos. Afirmó que la Policía de Control de Drogas solicita diligencias y que en ocasiones pasan hasta dos meses antes de que el Organismo de Investigación Judicial pueda ejecutarlas.
El Gobierno prepara un proyecto para restringir comunicaciones desde máxima seguridad. La mandataria confirmó que en junio presentará un proyecto de ley para revisar cómo se comunican hacia el exterior personas de alto perfil delictivo recluidas en La Reforma. Sostuvo que hay reclusos que siguen enviando mensajes y operando presupuestos de bandas desde prisión.
Consultada sobre si la iniciativa podría incluir el registro o grabación de visitas, incluídas las de abogados, respondió que el texto aún está en construcción técnica, pero defendió revisar todas las vías de contacto. Dijo que ha visto casos de internos que reciben hasta 17 visitas por semana.
La presidenta también informó que asumió personalmente la conducción de la Fuerza Élite todos los lunes a las 08:00 en el Ministerio de Seguridad Pública. En ese marco, sostuvo que todos los mandos policiales de alto rango que participen en esas sesiones deben someterse a una prueba de polígrafo, y que esa exigencia alcanzará a cualquier invitado del Poder Judicial que se incorpore a reuniones donde se comparta información confidencial sobre crimen organizado.
Respecto a Crucitas, la presidenta dijo que el problema será abordado en una visita de campo prevista para el 19 de junio junto con diputados. Describió la zona como una combinación de desastre ambiental, extracción ilegal de riqueza pública y presencia de bandas de crimen organizado. Según la mandataria, la atención de seguridad en Crucitas le cuesta al Estado USD 1 millón al mes.
La presidenta invitó a los legisladores a recorrer el lugar a pie para observar las condiciones en que operan los policías. Sobre la posición del Poder Judicial, señaló que durante la reunión no hubo planteamientos vinculados con presupuesto y que los representantes judiciales manifestaron disposición para implementar coordinaciones y sumarse a la construcción de una respuesta conjunta.