Las autoridades de Norte de Santander, Colombia, ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del homicidio del periodista Cristian Herrera, ocurrido el 6 de junio de 2026 en Cúcuta.
Las autoridades del departamento de Norte de Santander, en Colombia, ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura del responsable del asesinato del periodista Cristian Herrera. El hecho ocurrió el sábado 6 de junio de 2026 en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, cuando Herrera llegaba a su vivienda tras cumplir con compromisos laborales.
Según informaron fuentes oficiales, el comunicador fue atacado con arma de fuego frente a su familia y recibió al menos seis impactos de bala. Fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.
El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, declaró: “Se está ofreciendo entre la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, hasta 100 millones de pesos por información que logre la captura de estas personas que cometieron este hecho lamentable con la libertad de prensa”.
Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se ratificó la suma y se afirmó que “el homicidio del periodista Cristian Herrera no es un hecho más de sangre en la ciudad de Cúcuta. La Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta y todas las capacidades de la Policía Nacional serán desplegadas para capturar a los delincuentes que asesinaron al periodista Cristian Herrera”.
La Gobernación de Norte de Santander emitió un comunicado en el que expresó que “no pueden haber más violencia ni más muertos acá, especialmente en el gremio de los periodistas”. En el mismo texto se indicó: “Nosotros nos solidarizamos con sus familias, con todos sus compañeros y estamos trabajando mancomunadamente con nuestra Policía Nacional, con el ejército y con nuestra fiscalía. Decimos no a la violencia en Norte de Santander y especialmente en Cúcuta”.
El gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, también emitió un comunicado oficial en el que aseguró que puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación “toda la capacidad institucional de la Gobernación para contribuir al esclarecimiento de este asesinato y a la identificación y judicialización de los responsables. Exigimos resultados”.
Desde la Alcaldía de Cúcuta también se repudió el crimen. La investigación sigue en curso mientras las autoridades piden la colaboración ciudadana para esclarecer el caso y asegurar la captura de los responsables.
En sus redes sociales, especialmente en X, Herrera había publicado reportes y mensajes informativos. En sus últimos días reportó operativos de extinción de dominio contra políticos del departamento involucrados en hechos criminales, y escribió sobre influencias políticas en sicariatos. Su último mensaje, publicado alrededor del mediodía del sábado 6 de junio de 2026, decía: “#UnDato. A un recién elegido Senador de Norte de Santander que iba para Estados Unidos le dañaron el viaje, porque le cancelaron la visa y le tocó cambiar de planes. Lo peor es que la Fiscalía le tendría orden de trabajo para extinción de dominio. ¡Todo por una condena!. Suenan las sirenas (sic)”.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que Cristian Herrera se convirtió en el líder social número 66 asesinado en Colombia durante 2026. Herrera era reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos y su trabajo como corresponsal y miembro de la junta directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Norte de Santander. Documentó y visibilizó durante años la situación del Catatumbo, además de denunciar hechos de corrupción y crimen organizado en la región.
Desde Indepaz se resaltó que Herrera había recibido amenazas y presiones por parte de grupos armados, presuntamente relacionadas con su ejercicio periodístico. De acuerdo con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el municipio de San José de Cúcuta enfrenta un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos debido a la presencia y accionar de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, ELN, Frente 33 Bloque Magdalena Medio, Rastrojos, Los Pelusos y bandas locales.