El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, afirmó este martes que ejercerá con «prudencia y seriedad» su nueva facultad para designar delitos ordinarios como infracciones vinculadas a la seguridad nacional, y rechazó las críticas sobre una concentración de poder en la jefatura de la ciudad.
Hong Kong, 9 jun (EFE).- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, prometió este martes ejercer con “prudencia y seriedad” su nueva potestad para designar delitos ordinarios como infracciones vinculadas a la seguridad nacional, y rechazó de forma simultánea las críticas de quienes denuncian una progresiva concentración de poder en la jefatura de la ciudad.
El líder compareció para defender una nueva legislación subsidiaria con la que el Gobierno busca precisar, de forma más ágil, qué conductas pueden quedar encuadradas dentro de la categoría de “delitos de seguridad nacional”, un ámbito que en la excolonia británica activa procedimientos judiciales más severos que los previstos para causas penales comunes.
“La relevancia del cambio no radica en la creación de nuevos delitos”, según sostuvo el propio dirigente, sino en la capacidad de clasificar determinados casos dentro de este marco desde una fase temprana del procedimiento.
En la práctica, bastará con que el mandatario emita un certificado oficial para que el caso quede sometido a las reglas aplicables a investigaciones y juicios de seguridad nacional, incluidas restricciones más duras para acceder a la libertad bajo fianza y la intervención de jueces designados por el líder para este tipo de procesos.
La propuesta ha despertado críticas entre sectores jurídicos y observadores locales por la ampliación del margen discrecional del jefe del Ejecutivo y la limitada capacidad de control sobre sus decisiones.
Conforme al esquema planteado, la certificación de Lee tendrá carácter definitivo, no podrá ser impugnada por la vía judicial y tampoco obligará a las autoridades a hacer públicas las pruebas, datos o informes de inteligencia en los que se apoye la decisión.
Frente a las objeciones, Lee sostuvo que el territorio se enfrenta a riesgos complejos, incluidos supuestos actos de espionaje o sabotaje impulsados por “actores estatales foráneos profesionales y sofisticados”, y defendió que ese tipo de amenazas exige un tratamiento especial por la sensibilidad de la información implicada.
«Gran parte de la información disponible es confidencial, muy sensible y no apta para su divulgación pública», explicó para justificar el secretismo oficial.
Asimismo, recalcó que la norma no amplía las definiciones de subversión o sedición ni introduce castigos inéditos, sino que pretende “reducir el riesgo de controversias en los tribunales” mediante una clasificación más clara de los delitos.
La medida entrará en vigor en cuanto se publique en el boletín oficial y se suma a reformas recientes como la de marzo, que contempla un año de cárcel y cuantiosas multas para quienes se nieguen a entregar a la policía las contraseñas de sus dispositivos electrónicos en investigaciones.