La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó su postura en los litigios judiciales sobre el impuesto a las Ganancias aplicado a jubilaciones, tras una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adoptó un cambio en la estrategia procesal respecto de los casos judiciales en los que se discute la procedencia del impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones.
En Argentina, cerca de seis millones de personas perciben jubilaciones. De ese total, aproximadamente 180.000 tributan el impuesto a las Ganancias sobre sus haberes. Según datos oficiales, entre el 55% y el 65% de los jubilados cobran el haber mínimo, mientras que el resto no alcanza el mínimo imponible debido a deducciones especiales.
El caso testigo de la Corte Suprema de Justicia fue “García, María”, resuelto en 2019. En ese fallo, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de las normas del impuesto a las Ganancias aplicadas a los haberes jubilatorios de la contribuyente. La Corte señaló que el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad, lo que genera mayores gastos para afrontar esa situación.
En su sentencia, la Corte sostuvo que la capacidad contributiva no puede ser el único parámetro para gravar las jubilaciones. Indicó que se debe considerar la especial protección constitucional de los adultos mayores, ya que la vulnerabilidad derivada de la tercera edad, la enfermedad o la discapacidad exige un análisis diferenciado. El tribunal destacó la necesidad de armonizar la legislación tributaria con el artículo 14 de la Constitución Nacional, el principio de igualdad real y la protección reforzada de las personas mayores.
La Corte no declaró una exención general para todos los jubilados, ya que la decisión estuvo vinculada a las circunstancias concretas de vulnerabilidad acreditadas en el expediente. El tribunal también comunicó al Poder Legislativo la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por tercera edad o enfermedad. Hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto, dispuso que no se descuente suma alguna en concepto de impuesto a las Ganancias de la prestación previsional.
Posteriormente, la Corte aplicó la doctrina “García” en otras causas. En el caso “Alasraki”, correspondiente a un accionante de 53 años, resolvió que las modificaciones introducidas en la ley del impuesto a las Ganancias no alteraban el criterio jurisprudencial expuesto, porque esos cambios no revelaban un trato diferencial para la tutela de personas jubiladas en condiciones de vulnerabilidad.
En 2023, en el caso “Calderón”, la Sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del tributo sin exigir una demostración específica de enfermedad o vulnerabilidad. La Corte rechazó el recurso extraordinario y dejó firme la sentencia. Luego, el máximo tribunal confirmó sentencias contrarias al fisco en diferentes fallos colectivos.
Desde el caso “García”, la Corte rechaza sistemáticamente los recursos extraordinarios o de queja, lo que genera una carga en concepto de costas. En ese contexto, ARCA estableció que los representantes fiscales deberán desistir en aquellos casos en que se haya interpuesto el recurso federal y este no hubiera sido sustanciado. También determinó que los representantes fiscales no deberán interponer recursos extraordinarios ni recursos de queja ante la denegatoria de los remedios federales ya presentados.
En los casos de sentencias dictadas en primera instancia, se deberá analizar el temperamento adoptado por la Cámara Federal respectiva. Si este implicara el rechazo sistemático de los recursos de apelación, los representantes legales deberán consentirla en cuanto a las cuestiones de fondo. La estrategia procesal no se aplicará cuando la actora carezca de legitimación activa o cuando exista posibilidad de revertir la instancia judicial.