El candidato de Defensores de la Patria obtuvo una ajustada victoria sobre el oficialismo y asumirá el cargo en agosto de 2025 con un plan de gobierno que incluye megacárceles y una ofensiva contra grupos armados.
BOGOTÁ.– Abelardo De la Espriella, abogado penalista de 47 años y empresario, fue electo presidente de Colombia para el período 2025-2030. El candidato de Defensores de la Patria derrotó al oficialismo por un margen mínimo en la segunda vuelta electoral, celebrada el pasado domingo.
De la Espriella, nacido en Bogotá pero radicado en la costa, centró su campaña en un discurso de mano dura contra la inseguridad, la reducción de impuestos y la promoción de valores tradicionales. Entre sus propuestas destacan la construcción de 10 megacárceles similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, la declaración de un estado de excepción y la emisión de 90 decretos en su primer día de gobierno.
El presidente electo se presentó como un outsider de la política tradicional, pese a que su padre fue dirigente liberal en la costa. De la Espriella tiene doble nacionalidad colombiana y estadounidense. Su trayectoria profesional incluye la defensa del magnate Alex Saab, extraditado a Estados Unidos, y del creador de una pirámide financiera David Murcia, también extraditado a EE.UU. También representó a la víctima de ataque con ácido Natalia Ponce de León.
En primera vuelta, De la Espriella aglutinó el voto de la derecha, desplazando a la candidata del uribismo Paloma Valencia. En la segunda vuelta, se enfrentó al candidato opositor, a quien superó por un margen reducido. Su campaña se caracterizó por un fuerte uso de redes sociales, música y símbolos patrióticos, con el tigre como emblema.
De la Espriella asumirá el cargo en agosto de 2025. Su partido, Defensores de la Patria, obtuvo cuatro senadores en el Congreso, lo que lo obligará a buscar acuerdos legislativos para implementar su programa. Entre las medidas anunciadas se incluyen la imposición de educación religiosa en escuelas, el despido de contratistas y funcionarios del gobierno anterior, y el despliegue de reservistas en barrios.