Beatriz Fragoso Maldonado, integrante del Movimiento Morelense por las Personas con Discapacidad, subió a la cornisa del segundo nivel del Palacio de Gobierno para exigir la suspensión del incremento tarifario y mejoras en la accesibilidad del transporte público.
La inconformidad por el incremento a la tarifa del transporte público en Morelos escaló este lunes cuando Beatriz Fragoso Maldonado, integrante del Movimiento Morelense por las Personas con Discapacidad, subió a la cornisa del segundo nivel del Palacio de Gobierno para exigir la suspensión del aumento al pasaje y mejoras reales en la movilidad para las personas con discapacidad.
Desde el borde del inmueble, la activista lanzó consignas contra el alza tarifaria, que elevará el costo mínimo del transporte colectivo de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio, al considerar que el servicio no ofrece las condiciones necesarias para justificar ese incremento.
Personal de seguridad intentó convencerla de descender debido al riesgo que representaba la protesta; sin embargo, permaneció en el lugar hasta que la gobernadora Margarita González Saravia acudió personalmente para dialogar con ella.
Durante su manifestación, Beatriz Fragoso, quien tiene discapacidad visual, aseguró que el problema no es únicamente el aumento al pasaje, sino la falta de accesibilidad en las unidades del transporte público. Señaló que, aunque las personas con discapacidad mantienen una tarifa preferencial de cinco pesos, muchas ni siquiera pueden utilizar el servicio porque los microbuses y combis carecen de rampas o adaptaciones para usuarios en silla de ruedas o con movilidad reducida. La activista también acusó que las promesas de inclusión realizadas durante la campaña de la actual administración no se han traducido en acciones concretas para garantizar un transporte digno.
La tarifa mínima del transporte público en Morelos aumentará de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio. Organizaciones sociales mantienen un plantón desde hace tres días en los accesos al Palacio de Gobierno. Los manifestantes exigen cancelar o, al menos, posponer el incremento hasta que exista una verdadera modernización del servicio. Personas adultas mayores y personas con discapacidad conservarán una tarifa preferencial de cinco pesos. Los inconformes sostienen que las unidades continúan en malas condiciones y carecen de accesibilidad.
La protesta de Beatriz Fragoso ocurrió mientras integrantes de la Coordinadora Social Morelense mantienen bloqueados los accesos al Palacio de Gobierno para exigir la revocación del decreto que autorizó el incremento del 30 por ciento en la tarifa. Tras una reunión con el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, los manifestantes informaron que no hubo acuerdos para cancelar el aumento. La única respuesta oficial fue mantener el descuento existente para adultos mayores mediante la credencial del INAPAM.
Ante la falta de avances, el regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, anunció que a partir del martes algunos integrantes del movimiento iniciarán una huelga de hambre para presionar al Ejecutivo estatal. Los inconformes insisten en que el incremento resulta injustificado mientras continúen circulando unidades antiguas, sin accesibilidad y con deficiencias en el servicio.
Después de varios minutos de tensión, Margarita González Saravia sostuvo un diálogo directo con Beatriz Fragoso, quien finalmente aceptó bajar de la cornisa con apoyo del personal del Palacio de Gobierno. Posteriormente ambas ingresaron a las oficinas del Ejecutivo estatal para continuar la conversación y revisar las demandas planteadas por el movimiento. Como resultado del encuentro, el Gobierno de Morelos informó que se acordó elaborar una estrategia conjunta para adaptar gradualmente el transporte público a las necesidades de las personas con discapacidad.
Entre los compromisos anunciados se encuentra la realización de un diagnóstico técnico que permita identificar las rutas y zonas donde se requiere con mayor urgencia incorporar unidades accesibles. Con esa información se diseñará un plan gradual de adaptación del transporte público para garantizar condiciones de movilidad incluyente en la entidad. Mientras tanto, las protestas contra el aumento a la tarifa continúan y los colectivos sociales mantienen su exigencia de suspender el incremento hasta que el servicio cumpla con estándares de calidad, seguridad y accesibilidad para todos los usuarios.