El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios docentes y becas universitarias, en medio de una nueva etapa tras la salida de Manuel Adorni.
El conflicto universitario continúa escalando luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara el jueves la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La decisión obliga al Gobierno nacional a cumplir con dos artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario: la actualización salarial de los docentes y el aumento de las becas universitarias.
Según fuentes oficiales, el Gobierno sostiene que ya está cumpliendo con el pago del 24,33 por ciento acordado el 11 de junio con los gremios paritarios nacionales. Sin embargo, la cautelar exige completar la corrección salarial hasta alcanzar el 52 por ciento de aumento respecto a noviembre de 2023, lo que implica un 28 por ciento adicional.
“Estamos a derecho”, afirmaron desde el Ministerio de Capital Humano, que agregó que la actualización del restante 28 por ciento podría realizarse a lo largo del año fiscal, que finaliza en diciembre. El Gobierno también considera que la cautelar es una medida transitoria que depende del amparo sobre la cuestión de fondo, cuya resolución está a cargo del juez de primera instancia Martín Cormick.
“Si actualizamos todo de golpe, puede pasar que el juez falle contra el amparo y cómo recuperamos los fondos”, señalaron desde el Ejecutivo. En caso de un fallo adverso, el Gobierno estaría dispuesto a apelar en segunda instancia.
El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció en su cuenta de X el comienzo de “una nueva etapa” en la comunicación oficial, tras la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El desembarco de Diego Santilli en ese cargo busca dejar atrás el caso Adorni, que durante 112 días afectó la credibilidad del Gobierno en su bandera anticasta.
En la Corte, la decisión se enmarca en una interna entre su presidente, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz y Guillermo Lorenzetti. Lorenzetti declaró el miércoles en TN que Rosatti había dialogado con el Gobierno para quitar presión al tribunal, lo que expuso al presidente de la Corte. Al día siguiente, el fallo que dejó firme la cautelar recogió esas tensiones.
“Se tiene que cumplir. No importa el acuerdo que el Gobierno haya hecho con los gremios. Para que se caiga la cautelar, los demandantes tienen que desistir”, aclararon desde la Corte.
El CIN planea avanzar con una medida de ejecución inmediata ante el juez de primera instancia. Voceros del mundo universitario subrayaron que la cláusula de indexación trimestral fija la obligación de mantener los salarios actualizados al menos con la inflación, lo que representa un desafío para la política económica del Gobierno.