La organización Human Rights Watch afirmó que la Policía filipina sigue realizando ejecuciones extrajudiciales como parte de la campaña antidrogas iniciada hace diez años por el expresidente Rodrigo Duterte.
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que «la Policía filipina y sus agentes llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales con impunidad como parte de la campaña antidrogas del Gobierno», pese a que esta fue emprendida diez años atrás por el entonces presidente Rodrigo Duterte (2016-2022). Duterte se encuentra detenido en La Haya desde 2025 y acusado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en el marco de dicha campaña.
«Desde que Duterte inició su sangrienta ‘guerra contra las drogas’ hace una década, los filipinos siguen siendo asesinados a pesar de la promesa del presidente Marcos de emprender una campaña más humana contra las drogas», declaró la investigadora para el Sudeste Asiático de Human Rights Watch, Lian Buan.
Buan sostuvo que el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., «debería declarar el fin de la ‘guerra contra las drogas’ y ordenar investigaciones sobre los asesinatos relacionados con las drogas cometidos por la policía y otros».
Tras ganar las elecciones de 2022, Marcos prometió abordar el problema de las drogas mediante la «rehabilitación y el desarrollo socioeconómico», sucediendo a la presidencia de Duterte en la que, según la propia Policía filipina, unas 6.200 personas murieron durante las operaciones antidrogas del Gobierno. Varias organizaciones de Derechos Humanos sostienen que la cifra podría ascender a 30.000.
HRW señaló que Marcos, quien «nunca ha repudiado la ‘guerra contra las drogas'» como política gubernamental, «aún no ha revocado las órdenes y demás declaraciones políticas emitidas por Duterte» y anunció en 2025 el regreso a las operaciones antidrogas locales.
Desde que Marcos asumió el cargo en junio de 2022, se registraron 1.273 asesinatos en el marco de la campaña antidrogas, según el seguimiento independiente realizado por el Proyecto Dahas.
HRW citó un estudio de 2025 del Centro Filipino de Información sobre Derechos Humanos (PhilRights), una organización de la sociedad civil que monitorea la «guerra contra las drogas», según el cual «si bien las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en operaciones policiales han disminuido, las detenciones ilegales han aumentado».
Además, HRW indicó que «la rendición de cuentas interna por los asesinatos sigue siendo lamentablemente insuficiente» y señaló que desde 2016 solo cinco asesinatos relacionados con la «guerra contra las drogas» han resultado en condenas, con un total de nueve policías sentenciados.
La investigadora Lian Buan calificó como «vacía» la posibilidad defendida por el Gobierno de Marcos de «una campaña antidrogas incruenta» y argumentó que el mandatario «debe garantizar el respeto a los derechos de todos los filipinos» y «poner fin a esta cruel ‘guerra contra las drogas’ de una vez por todas».
Buan también reivindicó que el Ejecutivo debe «arrestar y entregar al TPI» al senador y exjefe de la Policía Nacional Ronald Dela Rosa, reclamado por el tribunal de La Haya por el crimen de lesa humanidad de asesinato. La orden de arresto cita la publicación en 2016 de la política nacional antidrogas para la Policía Nacional de Filipinas, que instruía a los agentes a «neutralizar» a los presuntos delincuentes.
Dela Rosa se atrincheró a mediados de mayo en las instalaciones del Senado, con el apoyo de un nutrido número de aliados, en una breve reaparición en la Cámara marcada por un tiroteo tras la que se dio a la fuga. Desde entonces, las autoridades filipinas manifestaron que tienen por objetivo arrestarlo.
Este lunes, la Policía advirtió que tiene órdenes «de detener al senador Bato», por lo que si apareciese en el juicio político para la destitución de la vicepresidenta Sara Duterte ante el Senado, los «agentes de Policía lo detendrán», según informó la portavoz del cuerpo Allen Rae Co en una rueda de prensa recogida por la agencia filipina GMA.
Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, enfrenta acusaciones por presunta malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y amenazas contra el presidente Marcos, la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes. Ha negado todos los cargos y calificó las acciones adoptadas como una cuestión meramente política.
En caso de ser declarada culpable por el Senado, podría ser destituida e inhabilitada para el desempeño de cargos públicos, lo que truncaría sus aspiraciones para presentarse como candidata a la Presidencia en 2028.