El fiscal Diego Velazco solicitó penas de hasta seis años de prisión para los acusados en el juicio por presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.
El proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre 2006 y 2011 a través de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, ingresó en su etapa final. El fiscal Diego Velazco presentó su alegato este miércoles y solicitó la pena máxima para todos los implicados.
Velazco pidió seis años de prisión para el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala, y los hermanos Schoklender. Para los exfuncionarios provinciales Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, solicitó cuatro años de prisión por su participación secundaria. Además, requirió el decomiso de más de 200 millones de pesos, monto que la Auditoría General de la Nación identificó como desvío de fondos.
El fiscal afirmó que el caso constituye un hecho de gran corrupción, no solo por el monto, sino por las estructuras administrativas y funcionarios involucrados, así como por el tiempo que insumió la maniobra. Sostuvo que todos los acusados necesitaban de la colaboración de los demás para concretar el esquema.
La acusación se centra en que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado convenios para construir viviendas populares sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios. El Estado destinó unos $1295 millones al programa, de los cuales la Secretaría transfirió más de $748 millones, y de allí habrían sido sustraídos los $206 millones que el fiscal pidió decomisar.
Durante el alegato, Velazco y su equipo describieron un sistema de manipulación de normas, falta de control estatal y una trama societaria vinculada a los Schoklender para el desvío de fondos. La acusación indicó que el perjuicio patrimonial al Estado se produjo por la salida de dinero del Gobierno nacional hacia un esquema cuya función económica real era la sustracción en beneficio de los hermanos Schoklender y sus allegados.
La querella presentará sus alegatos en las próximas audiencias, seguidas por las defensas.