El fiscal Sergio Mola solicitó la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio tras una inspección ocular en un departamento de Las Cañitas, donde se habría grabado un video con fajos de dólares. El juez Luis Armella rechazó los arrestos, prohibió la salida del país y ordenó peritar el teléfono de la modelo.
Los tribunales de Lomas de Zamora se convirtieron en uno de los campos de batalla judicial más observados por la política argentina. El avance inesperado en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se produjo a partir de una inspección ocular realizada el pasado lunes 6 de julio en un departamento de Ortega y Gasset al 1600, en Las Cañitas.
Ese inmueble pertenece a su ex esposa, la modelo Jesica Cirio, y el objetivo del procedimiento fue que los investigadores del caso tomen registros métricos para cotejarlos con el video filtrado de la conductora que muestra fajos de dólares termosellados en un vestidor.
A partir de este peritaje, el fiscal Sergio Mola solicitó la detención inmediata de Insaurralde y de la conductora. El funcionario judicial argumentó el peligro inminente de destrucción de pruebas ante la filtración de ese video. El juez Luis Armella rechazó firmar los arrestos. Ante la negativa, Mola acusó al juzgado de paralizar el proceso, mientras que la defensa de Insaurralde contraatacó presentando un escrito para recusar al fiscal por supuesta “enemistad manifiesta”.
De todas maneras, el magistrado ordenó peritar el teléfono móvil de Cirio para extraer los metadatos y la fecha de grabación del video filtrado. El dispositivo fue entregado por la modelo a la Justicia con su correspondiente contraseña de acceso. Armella también le prohibió la salida del país a Cirio, Insaurralde y todo su entorno familiar.
Jesica Cirio recibió 693 mil dólares y 71 millones de pesos de empresas de fitness y casas de juego. En su última aparición, Martín Insaurralde estuvo viendo el partido de la Selección Argentina en la casa del empresario Eduardo Fernández Prieto, uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país. El hallazgo periodístico lo publicó el periodista Gustavo Méndez, conductor de «La Posta» y panelista de «La mañana con Moria».
La apertura técnica del dispositivo móvil sumó una contradicción de estrategia en el expediente. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal inició el análisis forense sobre el teléfono celular de la modelo el martes 7 de julio de 2026. Sin embargo, los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia impugnaron formalmente la validez del video en la causa Martín Insaurralde al día siguiente. La aparente contradicción respondería a una táctica de derecho penal defensivo: entregar el teléfono demuestra buena voluntad ante el juez, pero atacar el origen de la filmación busca invalidar la prueba bajo el argumento de que nació de un delito.
El planteo sostiene que las imágenes proceden de un hackeo informático forzado, encuadrado en una trama de chantaje electrónico de alcance internacional. Según fuentes judiciales, el financista Elías Piccirillo —expareja de la conductora y procesado en otra causa por extorsión cambiaria— habría desembolsado cerca de 500.000 dólares a extorsionadores anónimos en un intento por rescatar los archivos y frenar su difusión pública. A pesar de esta argumentación defensiva, el juez Armella desestimó el pedido de exclusión probatoria y tomó las filmaciones de los billetes como pruebas válidas para continuar con la investigación.
Las derivaciones del expediente reactivaron también el foco sobre Sofía Clerici, figura central de aquel viaje por Marbella que detonó el escándalo en septiembre de 2023. La actitud de Clerici, filtrar las fotos de Insaurralde a bordo de la embarcación «El Bandido», nunca terminó de comprenderse. Según algunos analistas especializados en Inteligencia, la única respuesta posible al accionar de la influencer responde a la categoría que Juan Bautista «Tata» Yofre bautizó como una «Julieta», concepto que define a mujeres utilizadas por facciones del espionaje para instrumentar golpes reputacionales a políticos y empresarios.
Las fronteras se cerraron formalmente para la diseñadora de lencería mediante oficios girados a las fuerzas federales. La medida cautelar le prohíbe ausentarse de su domicilio por más de 24 horas o alejarse a un radio mayor de 50 kilómetros. Sin embargo, las publicaciones en sus redes sociales sitúan a la modelo en las playas de Miami. Los investigadores advierten que se trataría de una maniobra de distracción con material de archivo para desorientar a la opinión pública.
Detrás del despliegue mediático, los tribunales miran el financiamiento de las estructuras partidarias del Conurbano. Martín Insaurralde nunca funcionó como un dirigente de tracción electoral propia, sino como un gestor. Su desembarco en la Jefatura de Gabinete bonaerense en 2021 sucedió bajo la intervención directa de Máximo y Cristina Kirchner para fiscalizar el presupuesto de Axel Kicillof y controlar las cajas de la administración provincial.
La reactivación por parte de Armella de las pericias telefónicas generó pánico en los despachos del kirchnerismo, ante la posibilidad de que se expongan circuitos informales vinculados al millonario negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. La caja del juego bonaerense regenteada por el Instituto de Lotería, con Omar Galdurralde al frente, un hombre del riñón de Insaurralde, constituye un ecosistema donde los intereses del peronismo subterráneo convergen en perfecta armonía con operadores históricos vinculados a Mauricio Macri, como Daniel Mautone.
El fiscal Mola apuntó en reiteradas oportunidades contra el juez Armella por postergar sistemáticamente el llamado a declaración indagatoria, una omisión técnica que mantiene a los investigados en un limbo de simple imputación. Al reclamo se sumaron legisladores de La Libertad Avanza, e incluso de bloques opositores como la Coalición Cívica e incluso la Izquierda, quienes denunciaron el congelamiento del expediente a través de resoluciones dilatorias.
En todo este entramado, persiste por estas horas una incógnita que ningún código de procedimientos logra saldar: cómo hará el exfuncionario para justificar ante la Justicia los millones de dólares acumulados en la oscuridad de un vestidor.