El fabricante de vehículos eléctricos Polestar, controlado por el grupo chino Zhejiang Geely Holding Group, confirmó que abandonará el mercado estadounidense tras no obtener una autorización del Departamento de Comercio de Estados Unidos para comercializar sus modelos, en el marco de una normativa que restringe el uso de software chino en vehículos conectados por motivos de seguridad nacional.
Polestar dejará de vender vehículos en Estados Unidos, según informó el diario The Wall Street Journal. La decisión se produce luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos le impidiera comercializar sus futuros modelos al no obtener una autorización especial en el marco de una nueva normativa que restringe el uso de software chino en vehículos conectados a internet por razones de seguridad nacional.
El fabricante, controlado por el grupo chino Zhejiang Geely Holding Group, confirmó que no recurrirá la decisión de las autoridades estadounidenses y centrará su estrategia de crecimiento en otros mercados, según el citado medio.
Polestar no logró la autorización excepcional prevista en el proceso regulatorio, a diferencia de Volvo Cars, cuyo principal accionista también es Geely. La marca sueca obtuvo el visto bueno del Departamento de Comercio en mayo pasado, por lo que podrá continuar comercializando sus vehículos en Estados Unidos.
«En su lugar, centraremos nuestras inversiones en mercados donde contamos con una sólida posición de marca y capacidad para lograr un crecimiento rentable, con un fuerte enfoque en Europa», afirmó el portavoz de Polestar, Michael Ofiara, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.
La salida de Polestar supone un nuevo episodio en el endurecimiento de las restricciones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, que en los últimos años se han extendido al sector automotor, especialmente en ámbitos como el vehículo conectado, el software y las tecnologías de conducción inteligente.
La decisión deja en suspenso el futuro de sus 32 concesionarios en el país, cuyos proyectos de comercialización quedarán paralizados. Además, la legislación de algunos estados podría obligar al fabricante a indemnizar a la red de distribuidores por el cese de su actividad.