El sistema de transporte público del área metropolitana de Resistencia registró una reducción del 38% en su flota de unidades desde 2024, una caída interanual del 31% en la cantidad de pasajeros y un desfasaje entre los subsidios recibidos y los costos operativos.
El transporte urbano del Gran Resistencia atraviesa una reducción sostenida en la cantidad de unidades disponibles, en la cantidad de usuarios y en los recursos destinados a sostener el servicio. Desde 2024, el parque automotor se redujo en cerca de 100 colectivos.
El presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco (Cetach), Gustavo Larrea, declaró a Diario Norte que en 2024 había 265 unidades habilitadas, mientras que durante 2025 el número descendió a 194. Actualmente, el servicio funciona con 165 colectivos, lo que representa una disminución cercana al 38% en comparación con dos años atrás.
La pérdida de unidades estuvo acompañada por una reducción de pasajeros. Los registros expuestos en las audiencias públicas indican que en 2024 viajaron 25.445.797 personas, mientras que en 2025 la cifra cayó a 17.519.702, una baja interanual del 31%. Larrea advirtió que, en caso de mantenerse la tendencia durante los próximos meses, la disminución acumulada entre 2024 y el cierre de 2026 podría alcanzar el 61% de los pasajeros.
En cuanto a los subsidios, Larrea afirmó que entre marzo y diciembre de 2023 las empresas recibieron aportes nacionales y provinciales por un promedio mensual de entre 648 y 650 millones de pesos. Durante 2024, los aportes llegaron a unos 936 millones mensuales, pero entre enero y septiembre de 2025 volvieron a bajar hasta un promedio de 667 millones. Desde el sector sostienen que los recursos regresaron prácticamente a los niveles de 2023, pese a que desde entonces aumentaron el combustible, los repuestos, los salarios y el mantenimiento de las unidades.
Larrea señaló, además, que una parte creciente de los usuarios accede al transporte mediante pases gratuitos que no siempre cuentan con una compensación equivalente. Mientras el boleto estudiantil dispone de cobertura, otros beneficios, como los otorgados a personas con discapacidad o integrantes de fuerzas de seguridad, no reciben el mismo reconocimiento económico. Según los cálculos empresarios, el costo técnico del servicio ronda actualmente los 4.200 pesos por kilómetro, mientras que el Estado reconoce cerca de 2.900 pesos.
La falta de recursos también se trasladó al empleo. Larrea confirmó que las compañías mantienen trabajadores suspendidos, negocian retiros y comenzaron a aplicar despidos por causas económicas bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según precisó, los despidos todavía no alcanzan a 50 trabajadores, mientras que alrededor de 60 permanecen suspendidos. Las empresas, además, continúan dentro de procesos concursales y buscan acceder a planes de regularización fiscal para afrontar sus obligaciones. En medio de las dificultades financieras, las firmas adelantaron 100.000 pesos por trabajador correspondientes a la segunda cuota del aguinaldo.
El senador nacional y exgobernador del Chaco Jorge Capitanich sostuvo que las actuales administraciones “destruyeron el transporte público” y cuestionó que el boleto haya pasado de 75 a 1.885 pesos, al tiempo que se redujeron las frecuencias. El exgobernador también relacionó la menor disponibilidad del transporte público con el crecimiento de la circulación de motocicletas y afirmó que actualmente se producen más de 500 siniestros viales por mes. Capitanich extendió sus críticas a la situación económica general. Afirmó que nueve de cada diez familias se encuentran endeudadas y atribuyó ese escenario a la precarización laboral, la caída del salario, la desindustrialización y el incremento del endeudamiento público. También acusó al Gobierno nacional de destinar recursos a actividades políticas en el exterior y apuntó contra la gestión provincial por intentar, según sus palabras, “tapar el desastre con fiestas interminables, gastos desmedidos y una maquinaria de publicidad engañosa”.