Una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí afirmó que el país alertó a España sobre el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó las expulsiones inmediatas, y que esa decisión generó un problema en la frontera de Ceuta.
Este martes no se registraron entradas a Ceuta y la mayoría de las personas que cruzaron la frontera en los últimos días ya regresaron a Marruecos. El Gobierno español informó el domingo que unas 73.000 personas habían vuelto al otro lado, pero desde entonces no se actualizaron los datos oficiales. Según la última información del Ejecutivo, permanecen en la ciudad autónoma alrededor de 2.500 personas que entraron de forma irregular, aunque las autoridades locales elevan esa cifra.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en una reunión con sus homólogos de la Unión Europea. España expondrá que mantiene un compromiso firme con el control de las fronteras y que su política migratoria busca ser responsable y solidaria con los socios comunitarios. No todos los países comparten el mismo enfoque. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió una carta a Pedro Sánchez en la que valora positivamente la gestión del Gobierno español, otros socios como Italia o Finlandia mostraron abiertamente su desacuerdo. Italia llegó a suspender unilateralmente la libre circulación de Schengen para los viajeros procedentes de España, aunque esa medida no afecta a Ceuta ni Melilla.
El ministro del Interior responsabiliza a las mafias que trafican con personas por la crisis en Ceuta y recalca que Marruecos «no es ninguna amenaza», sino un «socio absolutamente fiable».
Advertencia marroquí
Este lunes, una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí aseguró en un encuentro con la prensa internacional que Marruecos avisó a España días antes de la posibilidad de una crisis provocada por la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio. La resolución hizo ilegales las expulsiones inmediatas de quienes llegan por mar. Según el funcionario marroquí, «hablamos sobre esta sentencia y su impacto. Explicamos que esta sentencia iba a generar un problema. Y efectivamente, lo generó».
El diálogo entre ambos países habría comenzado, según la misma fuente, en torno al 22 o 23 de julio, cuando empezaron a circular rumores sobre la sentencia y las mafias intensificaron su actividad en redes sociales. El 24 de julio, el sindicato Independientes de la Guardia Civil (IGC) describió en un comunicado una «difícil situación» para los agentes destinados en Ceuta por un «incremento de las entradas de migrantes por vía marítima» que mantenía a la plantilla «completamente desbordada». El 27 de julio, la Delegación de Gobierno en Ceuta informó de una «presión extraordinaria» sobre los recursos de acogida de personas migrantes, en referencia a la llegada de más de mil migrantes durante la semana anterior por esa vía.
El funcionario marroquí considera que la situación se vio amplificada por la viralización de mensajes y por la acción de los traficantes de personas. Para Marruecos, la sentencia del Supremo «desactivó el elemento disuasorio» y propició el cambio de paradigma que resultó en la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta en apenas un par de días.
En el Gobierno marroquí se insiste en que la gestión de los flujos migratorios debe ser responsabilidad de ambas partes. «No es responsabilidad exclusiva de Marruecos» gestionar la migración, aseveró la fuente, que calcula el coste anual de los dispositivos en unos 500 millones de euros, mientras la financiación de la Unión Europea ronda los 145 millones. El mismo funcionario reconoció que las fuerzas de seguridad marroquíes se vieron superadas por el volumen de personas y por el fuerte «efecto llamada» que, consideró, se generó. «Es simplista decir que Marruecos debería haber utilizado la fuerza para detenerlos. Eso es no comprender en absoluto el fenómeno», señaló. «Si tienes a 40.000 personas, ¿a cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?», planteó.
La política migratoria marroquí, según el funcionario, descansa en dos pilares: un dispositivo preventivo y un elemento disuasorio, que quedó debilitado tras la sentencia del Supremo. «Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio», afirmó.
El Ministerio de Exteriores marroquí también mostró su malestar por algunas reacciones políticas en España, acusando a ciertos dirigentes de instrumentalizar la situación con fines electorales. No obstante, la fuente oficial subrayó que la coordinación entre Rabat y Madrid sigue siendo «perfecta» y que ambos gobiernos mantienen la cooperación como socios fiables.
Sobre el futuro de la gestión migratoria, la misma fuente insistió en que el control policial no basta. «El enfoque de seguridad está condenado al fracaso si no se combina con el desarrollo y las medidas de devolución», dijo, y sostuvo que Marruecos nunca aceptará una gestión de la migración basada únicamente en la vigilancia fronteriza. «Es una responsabilidad compartida. Cada uno debe asumir sus responsabilidades», concluyó el representante marroquí.