El canciller Pablo Quirno se refirió a la denuncia de Javier Milei sobre una campaña contra Argentina financiada desde Brasil y a la polémica por la extranjerización de tierras. En ambos casos, sus declaraciones generaron repercusiones.
El Gobierno argentino afronta dos discusiones en el ámbito de la política exterior: la denuncia del presidente Javier Milei sobre una supuesta “campaña anti-Argentina” financiada desde Brasil y la polémica por la extranjerización de tierras. El canciller Pablo Quirno se refirió a ambos temas en entrevistas televisivas.
En una entrevista con Infobae, Quirno fue consultado sobre la afirmación de Milei, quien días antes aseguró que “el 25% de los recursos” de esa campaña provenían del gobierno de Lula da Silva. Al respecto, el canciller sostuvo: “Estamos seguros de que la campaña antiargentina fue financiada desde Brasil, pero no estamos seguros si fue financiada por el Gobierno de Brasil”.
Quirno indicó que el 22% de los mensajes contra Argentina en redes sociales provenían de Brasil, seguido por México, y planteó que detrás de ese movimiento “hay dinero”. Sin embargo, ante la consulta sobre quién habría aportado esos recursos y si existía una relación directa con el gobierno brasileño, respondió: “No tengo pruebas para incriminar a nadie”.
En otra entrevista, con Eduardo Feinmann, Quirno se refirió al capítulo de extranjerización de tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la consulta sobre las críticas que advertían un posible riesgo para la soberanía nacional, respondió: “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”.
El funcionario explicó que la postura del Gobierno se centra en garantizar la propiedad privada y generar condiciones para atraer inversiones. “Todo lo que nosotros podamos hacer para dar seguridad jurídica a la propiedad privada, que atraiga inversiones que la Argentina necesita”, sostuvo. Sobre la posibilidad de que un extranjero compre grandes extensiones de territorio, Quirno afirmó que esas inversiones generarían beneficios económicos para el país.
El Gobierno retiró el capítulo de tierras del proyecto por falta de apoyo en el Senado. La decisión fue tomada por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, tras reuniones con legisladores dialoguistas. El capítulo cuestionado proponía modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, como elevar el límite permitido de tierras en manos extranjeras y eliminar restricciones vigentes. La propuesta había generado rechazo de sectores políticos, ambientales, sindicales y organizaciones territoriales.
Finalmente, el Gobierno decidió presentar esa reforma por separado y continuar con el tratamiento de otros puntos del proyecto, como cambios en la Ley de Expropiaciones, el régimen de desalojos y la Ley del Fuego.