El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó el traslado del domicilio social de la AFA a Pilar y calificó la medida como una formalidad sin sustento fáctico. La decisión bloquea el intento de llevar las causas penales a los tribunales bonaerenses.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó el pedido de traslado del expediente que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. En su resolución, el magistrado calificó la mudanza del domicilio social como “una mera formalidad y ficción jurídica”, al considerar que el funcionamiento operativo de la entidad continúa en el edificio de la calle Viamonte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fallo se produjo en el marco de un conflicto de competencia entre el juzgado de Amarante y el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Este último había solicitado quedarse con la causa argumentando que ya tramitaba una investigación vinculada a la AFA, originada en Santiago del Estero, por supuestos desvíos de fondos hacia el club Central Córdoba y empresas relacionadas con Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la entidad.
Amarante rechazó ese argumento al señalar que en la causa santiagueña se habían rechazado las acusaciones por lavado de dinero y asociación ilícita, y que solo quedaba en pie una imputación por defraudación. Además, indicó que los hechos investigados en el expediente en disputa ocurrieron íntegramente dentro de los límites de la Capital Federal.
El expediente en cuestión investiga el manejo de fondos de la AFA en el exterior a través de la firma TourProdEnter LLC, vinculada al productor Javier Faroni. También se indaga la emisión de facturas apócrifas y operaciones de lavado de dinero mediante financieras del microcentro porteño, según consta en la denuncia que dio origen a la causa.
El mismo juez procesó previamente a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y a Toviggino por la apropiación indebida de 19.300 millones de pesos de aportes a la seguridad social. En ese marco, ambos dirigentes registran embargos por 350 millones de pesos y una prohibición de salida del país, aunque Tapia obtuvo un permiso especial para viajar al Mundial.
Ante el rechazo de su pedido, González Charvay podrá apelar la decisión. Si insiste, la Cámara en lo Penal Económico deberá dirimir el conflicto de competencia y definir qué juzgado continuará con la investigación.
En paralelo, el cambio de domicilio social de la AFA a Pilar está siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia. La Cámara Nacional en lo Civil había avalado la mudanza, pero el Estado Nacional apeló ese fallo, por lo que el máximo tribunal deberá resolver en última instancia.
También se encuentra en curso una investigación sobre la compra de una mansión en Pilar por un valor de 17 millones de dólares, en la que se investiga la participación de presuntos testaferros de Toviggino. La Cámara Federal de Casación tiene prevista una audiencia para el 12 de agosto para definir el rumbo de ese expediente.