La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley que encomienda al Banco Central establecer medidas para que la regularidad de las prestaciones sociales sea considerada al evaluar el riesgo crediticio de los beneficiarios de ANSES que cobran a través de billeteras virtuales.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley que encomienda al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la adopción de medidas regulatorias para el acceso al crédito de los beneficiarios de prestaciones sociales que cobran a través de billeteras virtuales. La iniciativa busca que la regularidad, periodicidad y previsibilidad de los ingresos provenientes de ANSES sean consideradas al momento de evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio.
El proyecto señala que, desde 2024, el gobierno de Javier Milei habilitó el pago de prestaciones sociales mediante billeteras virtuales, lo que permitió que millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo y otros programas eligieran ese medio de cobro. Según datos del Ranking de Agentes Pagadores de ANSES de octubre de 2025, se registraron casi 13 millones de pagos correspondientes a prestaciones activas. Mercado Libre canalizó 1.832.949 pagos, ubicándose detrás del Banco Nación y por delante de entidades como Banco Provincia y Banco Macro.
Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella estimó que cerca de 1,8 millones de beneficiarios eligieron Mercado Pago para recibir prestaciones sociales, lo que representa alrededor del 14% del universo analizado. La empresa informó que más de 1,1 millones de personas cobraban prestaciones de ANSES a través de su plataforma y que más de 860.000 invirtieron parte de esos fondos.
El proyecto también menciona que, durante julio de 2025, ANSES habría depositado en cuentas de Mercado Pago aproximadamente $404.000 millones, equivalentes a unos US$270 millones. Anualizado, este flujo representaría cerca de $4,8 billones, o unos US$3.200 millones. La empresa reconoce que el 98% de los fondos que ingresan a su ecosistema permanece dentro de él.
La iniciativa no fija una tasa de interés desde el Congreso, sino que encomienda al BCRA establecer medidas regulatorias, operativas y prudenciales. Entre las propuestas se incluyen: considerar positivamente la regularidad de las prestaciones al evaluar capacidad de pago y riesgo crediticio; respetar criterios de proporcionalidad entre cuotas e ingresos; establecer límites para prevenir el sobreendeudamiento; evitar que la condición socioeconómica, la informalidad laboral o el carácter asistencial de los ingresos funcionen como factores de penalización; y definir reglas para evitar refinanciaciones abusivas.
El proyecto advierte sobre la existencia de brechas superiores a los 500 puntos porcentuales entre las tasas que pagan personas en distintos niveles de ingresos. Señala que quienes perciben prestaciones sociales cuentan con un flujo de ingresos regular y verificable, pero aun así son considerados clientes de alto riesgo. También menciona que los préstamos digitales son aprobados o tarifados mediante algoritmos que pueden reproducir desigualdades.
La diputada Tolosa Paz afirmó que las empresas privadas buscan rentabilidad y que la responsabilidad de establecer límites cuando sus productos alcanzan a titulares de prestaciones sociales corresponde al Estado. Sostuvo que el Estado promovió estos canales de pago y que debe garantizar condiciones transparentes y razonables para el acceso al crédito.