El sistema de jubilaciones de España mantiene las penalizaciones para quienes decidan retirarse antes de alcanzar la edad legal, incluso cuando hayan trabajado y realizado aportes durante más de cuatro décadas. De esta manera, una persona con una extensa carrera laboral puede perder 15% de su pensión de forma permanente si adelanta su retiro 23 meses.
El sistema de jubilaciones de España mantiene las penalizaciones para quienes decidan retirarse antes de alcanzar la edad legal, incluso cuando hayan trabajado y realizado aportes durante más de cuatro décadas. De esta manera, una persona con una extensa carrera laboral puede perder 15% de su pensión de forma permanente si adelanta su retiro 23 meses.
La reducción forma parte de los denominados coeficientes reductores de la jubilación anticipada, cuyo porcentaje depende de dos factores: cuántos meses se adelanta el retiro y la cantidad de años cotizados. La normativa no elimina la penalización por el solo hecho de acumular una larga trayectoria laboral.
En concreto, para un trabajador que haya cotizado entre 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses, adelantar la jubilación 23 meses implica una reducción del 15%. Si decide hacerlo con los dos años máximos de anticipación permitidos, el descuento aumenta al 17%.
Incluso quienes superan los 44 años y 6 meses cotizados, que ingresan en el tramo más beneficioso, continúan sujetos a reducciones: el coeficiente es del 12% si anticipan 23 meses y del 13% si lo hacen 24 meses. En el extremo opuesto, quienes tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados pueden afrontar una quita de hasta 21% si adelantan el retiro dos años.
Requisitos para la jubilación anticipada en España
En 2026, la edad ordinaria de jubilación depende de los años acumulados de cotización. Los trabajadores que acrediten 38 años y 3 meses o más pueden jubilarse a los 65 años. Para quienes no lleguen a ese período, la edad se eleva a 66 años y 10 meses.
La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta dos años la edad que le corresponda a cada trabajador, aunque para acceder a esta alternativa se deben acreditar al menos 35 años de cotización efectiva. Además, como mínimo dos de esos años deben encontrarse dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de acceder a la prestación.
A su vez, el importe resultante de la pensión después de aplicar las reducciones debe superar la pensión mínima que le correspondería al trabajador al alcanzar la edad ordinaria. De no cumplirse esa condición, no puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria.
Postura del Gobierno español
La aplicación de estos coeficientes es cuestionada desde hace tiempo por asociaciones de jubilados y sindicatos, especialmente por su impacto sobre quienes acumularon más de 40 años de aportes y consideran que una carrera laboral prolongada debería permitirles retirarse anticipadamente sin perder parte del haber.
Sin embargo, el Gobierno español rechazó hasta ahora eliminar las penalizaciones. Según las estimaciones oficiales difundidas, suprimir los coeficientes reductores para quienes tienen carreras superiores a los 40 años tendría un costo de alrededor de 3.358 millones de euros anuales para el sistema previsional.
De ese total, unos 1.345 millones de euros corresponderían a las jubilaciones anticipadas voluntarias y otros 2.013 millones a las involuntarias, es decir, aquellas derivadas de circunstancias como un despido o el cierre de una empresa.
Cambios previstos para 2027
El endurecimiento progresivo de los requisitos previsionales todavía no terminó. La reforma aprobada en 2011 estableció una transición que concluirá en 2027, cuando la edad ordinaria llegará finalmente a los 67 años para quienes no alcancen determinado nivel de cotizaciones.
A partir de ese momento, solo quienes acrediten 38 años y 6 meses o más de aportes podrán continuar jubilándose a los 65 años. Los que no alcancen ese umbral deberán esperar hasta los 67. En 2026, la referencia vigente es de 38 años y 3 meses para mantener la edad de retiro en 65 años.
Esto no debe confundirse con los años necesarios para que el porcentaje aplicado sobre la base reguladora llegue al 100%. Durante 2026 se requieren 36 años y 6 meses cotizados para alcanzar ese porcentaje, mientras que desde 2027 serán necesarios 37 años.
Es decir, tener derecho al 100% de la base reguladora no implica necesariamente poder jubilarse a los 65 años: para hacerlo en 2026 se necesitan 38 años y 3 meses cotizados, un requisito superior.
Impacto en la salud
El progresivo retraso de la edad jubilatoria también abrió una discusión que excede el impacto económico. Un estudio de Fedea sobre los efectos de la reforma previsional de 2011 estimó que el retraso obligatorio del retiro estuvo asociado con hasta 282 muertes prematuras adicionales entre los trabajadores afectados.
Según la investigación, la mortalidad entre los 60 y los 67 años aumentó 0,62 puntos porcentuales entre los trabajadores alcanzados por el cambio, mientras que entre los hombres el incremento llegó a 1,59 puntos. Los autores encontraron un efecto especialmente marcado en empleos físicamente exigentes, como la construcción, la minería y la industria manufacturera.
El estudio distingue, además, entre continuar trabajando voluntariamente y hacerlo como consecuencia del aumento obligatorio de la edad jubilatoria. En este último caso, estimó que cada mes adicional de trabajo incrementó en 0,0133 puntos porcentuales el riesgo de mortalidad prematura, un dato que vuelve a poner en discusión el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y las consecuencias de extender la vida laboral.