Un informe de Vialidad Nacional estimó que el 60% de la red vial nacional se encuentra en estado malo o regular. El Gobierno destinó el 30% del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) a obras viales y avanzó con concesiones privadas para la operación de corredores.
Un informe de Vialidad Nacional elaborado en abril de 2026 estimó que alrededor del 60% de la red nacional de rutas se encontraba en estado malo o regular. El mismo documento advirtió que el bajo nivel de ejecución del programa de mantenimiento tenía un impacto directo sobre el estado cotidiano de las rutas.
Según datos oficiales, durante 2026 se destinó el 30% del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) al fondo vial. El ITC está legalmente asignado a reparar y construir rutas. El monto total recaudado por este impuesto en el año ascendió a aproximadamente 1.000 millones de dólares, de los cuales unos 700 millones no fueron utilizados para fines viales.
El Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, redujo la participación directa del Estado en la construcción y mantenimiento vial. En su lugar, avanzó con la Red Federal de Concesiones: la Etapa II-A, vigente desde el 1° de julio de 2026, entregó 1.871 kilómetros en Buenos Aires y La Pampa a concesionarios privados. La Etapa III suma otros 3.900 kilómetros, con inversión privada y sin subsidios públicos.
El modelo de concesión establece que el privado invierta y recupere el capital mediante peajes. Un informe presentado en 2026 ante el Ministerio de Economía sostiene que la falta de mantenimiento puede incrementar en 50% la inversión por kilómetro, y que intervenir tardíamente puede multiplicar el costo varias veces.
En el pasado, durante el gobierno de Carlos Menem, se presentó el Proyecto 10 o Plan Laura, impulsado por el empresario Guillermo Laura. La propuesta consistía en construir unos 10.000 kilómetros de autopistas, financiadas mediante una tasa de US$ 0,10 por litro de combustible más IVA, sin peajes. El proyecto fue presentado en los años 90 y tuvo respaldo político de la administración Menem. Laura amplió la propuesta a 10.800 kilómetros, con una inversión estimada en US$ 10.000 millones. Legisladores y técnicos cuestionaron el monto, que estimaron podría alcanzar los US$ 60.000 o US$ 70.000 millones. También se objetó que priorizara autopistas troncales en detrimento de rutas secundarias y provinciales, y el impacto fiscal sobre el Fondo Vial, que en 1997 había alcanzado unos $345,9 millones. El Plan Laura no fue implementado. Guillermo Laura falleció en junio de 2023.
La situación actual plantea el debate sobre quién debe financiar el mantenimiento vial: el Estado, los usuarios mediante impuestos o peajes, o los privados mediante concesiones. El mantenimiento preventivo incluye sellado de fisuras, repavimentación, limpieza de alcantarillas y reparación de puentes y banquinas. La postergación de estas tareas convierte el mantenimiento en reconstrucción, con costos mayores.