A poco más de un año de las elecciones presidenciales, la gestión de Javier Milei registra una disminución en la aprobación pública y en la intención de voto, en un contexto de conflictos legislativos, protestas sociales y denuncias de corrupción en su entorno.
A poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales, el presidente Javier Milei atraviesa un período de caída en su imagen pública y en la intención de voto favorable, según encuestas recientes. También se observa un aislamiento personal del mandatario, aunque ha concedido entrevistas de larga duración a medios afines.
El desgaste en la valoración pública se atribuye a una combinación de factores, tanto atribuibles al propio presidente como a su equipo de gobierno.
Factores atribuibles al presidente
En el plano económico, el gobierno logró reducir la inflación mensual respecto a los picos iniciales y equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, la desaceleración del consumo, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el aumento del endeudamiento de los hogares han debilitado la paciencia social. El discurso centrado en el equilibrio fiscal impacta en sectores como jubilados, trabajadores informales y clase media.
El estilo discursivo del presidente, caracterizado por la confrontación directa con gobernadores, legisladores, universidades, medios de comunicación y gremios, ha alimentado la polarización. Este estilo fortaleció su núcleo duro inicial, pero genera fricción con sectores moderados que fueron clave en el balotaje.
Se menciona un “efecto torre de cristal”, con un presidente percibido como carente de empatía hacia la población que sufre las consecuencias del ajuste económico, y una falta de diálogo con aliados potenciales. También se señalan errores de cálculo en la insistencia por reformas a ultranza, como en los casos del hospital Garrahan, los discapacitados y el endeudamiento de millones de argentinos.
Factores atribuibles al equipo y entorno cercano
La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una minoría relativa en la Cámara de Diputados y en el Senado. La dificultad para articular alianzas parlamentarias estables ha derivado en derrotas legislativas frecuentes y en una alta dependencia del veto o de decretos de necesidad y urgencia.
Se registran disputas públicas en la cúpula del poder, incluidas distancias con la vicepresidenta, salidas aceleradas de funcionarios, denuncias de corrupción y el centralismo del llamado “triángulo de hierro”.
Fallos en la implementación de políticas públicas y denuncias de irregularidades administrativas en distintas dependencias del Estado afectaron la narrativa del discurso anticorrupción y “anti-casta”.
Escenario actual
Distintos bloques opositores, algunos permanentes aliados, lograron articular mayorías circunstanciales para frenar iniciativas del Ejecutivo, impulsar comisiones investigadoras y aprobar proyectos con alto impacto presupuestario.
Los gobernadores provinciales, ante los recortes de transferencias no automáticas y el freno a la obra pública, endurecieron sus reclamos en la Justicia y en el Congreso, condicionando el apoyo a proyectos clave del gobierno nacional.
Gremios, universidades públicas, movimientos sociales y agrupaciones de jubilados mantienen alta visibilidad en la calle, articulando demandas sociales con propuestas políticas opositoras.
En los medios comienzan a aparecer nombres de posibles candidatos alternativos que, sin recurrir al populismo, podrían concretar objetivos no logrados por la actual gestión.
A pesar del deterioro en los índices de aprobación respecto al inicio del mandato, el escenario hacia el ciclo electoral mantiene interrogantes: la oposición fragmentada enfrenta sus propios problemas de imagen pública, y el desenlace dependerá de si el gobierno logra transmitir un mensaje más esperanzador.